Sinembargo informa que integrantes del movimiento Lucha por la Dignidad del municipio de Tepatlaxco, Puebla, acusaron al Alcalde Esdras Bonilla Flores, de amenazarlos de muerte por divulgar un presunto desvío de recursos por 3 millones de pesos en su administración.
De acuerdo con medios locales, el pasado 7 de octubre luego de una asamblea ciudadana en la que se acordó que serían difundidos documentos sobre las irregularidades en las cuentas públicas del Presidente Municipal, Elizabeth Rodríguez Rosas y Fernando Hernández recibieron un anónimo en su domicilio donde se les amenazaba de muerte a ellos y a su hijo de siete años si no dejaban de participar en el movimiento Lucha por la Dignidad de Tepatlaxco.
En conferencia de prensa, la pareja denunció el hecho acompañada de miembros del movimiento y mostró el mensaje que dejaron debajo de un coche afuera de su casa.
“Sabemos puto Miyagi [apodo con el que se conoce al señor Fernando] que tienes unos papeles que las a tirar perro. Si los tiras te lleva tu puta madre puto, pero con tu hijo. A ver si muy chingón cuando el chamaco este debajo de un un coche todo por jugarle al chingón (sic)”, dice el texto escrito en computadora y firmado por una persona identificada como Ramiro León.
El señor León es representante de los vecinos de Tepatlaxco y asegura que su nombre fue usado como distractor. El activista es quien encabeza las acciones legales del movimiento y dio a conocer que ya se presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada de Delitos de Servidores Públicos en contra del Alcalde y otros integrantes del gobierno municipal.
Los integrantes del movimiento indicaron que días antes de la amenaza se habían sacado copias del análisis de la cuenta pública de 2014 que realizó la Auditoría Superior del Estado, en la cual se documentaba un desvío de 3 millones de pesos y que serían repartidas en el pueblo.
Desde hace cuatro meses, el movimiento Lucha por la Dignidad de Tepatlaxco ha denunciado irregularidades en la gestión del Alcalde panista Esdras Bonilla como la falta de obras y servicios públicos, además de señalar un presunto conflicto de interés por parte del Edil por adjudicar proyectos a sus empresas.
