Aunque todos los votos valen lo mismo en una elección, aún existen persisten condiciones de desigualdad que impiden que todos los grupos de la población ejerzan sus derechos políticos.
Animal Político ejemplifíca que el 21% las mujeres piden permiso a su pareja a algún familiar para participar en actividades comunitarias y 15.8% de mujeres que hablan una lengua indígena pide permiso para decidir por quién votar, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010.
Esto pone en evidencia que son los mismos grupos los que siempre padecen desigualdades en el ámbito donde se muevan, aseguró el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio, al participar en la conversación acerca de la Guía de Acción Pública: Elecciones sin discriminación.
Tan solo en el proceso electoral de 2005-2006, en 3 mil 627 secciones electorales (5.61% del total) distribuidas en 285 municipios de 23 entidades del país se presentó el mismo problema: la participación de las mujeres en los asuntos públicos dependía del permiso o autorización de los hombres de la comunidad o de la familia, según el informe sobre casos de discriminación que incidieron en la integración de las mesas directivas de casilla elaborado por el Instituto Federal Electoral.
Aún cuando la reforma electoral de 2014 establece una cuota de género, aún no hay paridad en la representación política de hombres y mujeres, pese a que éstas constituyeron 51.6% del padrón electoral y 51.8% de la Lista Nominal de Electores en 2012.
Pero la desigualdad también se observa en otros grupos como las personas con alguna discapacidad, los hablantes de lenguas indígenas o quienes se encuentran en condición de pobreza.
La consejera presidenta de la Comisión para promover la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Instituto Electoral del Distrito Federal, Gabriela Williams Salazar, IEDF, aseguró que es indispensable visibilizar e incluir a los grupos vulnerables en el mosaico democrático.
Por ello, la Guía de Acción Pública: Elecciones sin Discriminación, elaborada por el Instituto Nacional Electoral y el Conapred, propone acciones que la autoridad, partidos políticos y ciudadanos que participan en el proceso electoral, pueden llevar a cabo para nivelar a grupos excluidos y propiciar un verdadero cambio cultural.
En la Ciudad de México se prevén acciones adicionales, informó la consejera Dania Ravel Cuevas, pues el Instituto Electoral del Distrito Federal suscribió un convenio con el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México para generar y difundir dípticos traducidos en lenguas indígenas con la explicación del proceso de votación; además, materiales dirigidos a los funcionarios de casilla para evitar cualquier acto de discriminación hacía la comunidad LGBTTI.
El consejero presidente de la Comisión de Capacitación Educación Cívica y Capacitación del IEDF, Carlos González Martínez, reconoció que para consolidar los procesos electorales se requiere ciudadanía y condiciones de igualdad y no discriminación, pues “sin ciudadanía no hay democracia, pero sin igualdad no hay ciudadanía”.
Con la presentación de la Guía de Acción Pública, dijo, se pretende mandar el mensaje que “en el IEDF estamos aprovechando la elección para construir ciudadanía y promover elecciones sin discriminación”.
Durante el encuentro, Bucio insistió en que cada elección debería tener mejoras en el índice de igualdad, pero “no tenemos ese resultado democrático”. En los comicios de junio próximo, el Conapred recibirá cualquier queja respecto a actos de discriminación. En la elección de 2012, informó Bucio, se presentaron menos de una decena de casos.
La Guía de Acción Pública es una iniciativa porque las leyes aprobadas y lineamientos que pretenden generar condiciones de igualdad sean conocidas y, sobre todo, aplicadas en las casillas cuando cualquier persona acude a votar.
