Al destacar que por primera vez en el país se instala un Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, María Candelaria Ochoa Ávalos, comisionada de Conavim, destacó el compromiso y la actitud propositiva del gobierno de Puebla para cumplir con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Al celebrarse la primera sesión de este Sistema, Ochoa Ávalos manifestó que la Conavim no estará ausente, mantendrá un trabajo permanente con la autoridades estatales para mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y que en Puebla se dará muestra de que se puede erradicar la violencia de género.

En su mensaje, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), enfatizó que habrá una coordinación entre los gobiernos federal y estatal, y destacó la inclusión de las autoridades municipales, así como de los poderes legislativo y judicial en el sistema.

"Es la primera vez que instalamos un Sistema. Contamos con la disposición y el encargo de que las mujeres son importantes para este estado, la Alerta de Violencia de Género debe de tener una coordinación de los tres niveles de gobierno, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, hoy damos una señal de que nos vamos a coordinar".

Recalcó que la violencia contra las mujeres no es normal ni natural, por lo que aseveró que erradicarla es un tema cultural y de instituciones, en el que se debe trabajar en conjunto para garantizar su seguridad en los espacios públicos y privados.

Además enfatizó que los hombres deben de asumir una responsabilidad frente a situaciones en las que se vulneran los derechos de sus madres, esposas, hijas, hermanas y compañeras.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, reiteró que se tiene una tarea clara, y por instrucción del gobernador del estado, Guillermo Pacheco Pulido, se determinó que es una prioridad para la entidad y para su administración, por lo que se ha trabajado con las diferentes áreas.

Destacó que se tienen claros los objetivos, una vez que son 45 medidas y 149 acciones las que se llevarán a cabo, por lo que se han determinado a los responsables y se han establecido los tiempos correspondientes para atender este problema que no es exclusivo de los 50 municipios que tienen la alerta, ya que es un tema que se trabaja a nivel estatal y federal.

"Para el gobernador esta es una prioridad, es una prioridad para el estado, para él, para su gobierno y nos hemos puesto a trabajar".

La Directora General del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), Mónica Silva Ruiz, anunció que a partir del 3 de junio se implementarán en la línea 1 de RUTA tres unidades articuladas con espacio exclusivo para mujeres y personas con discapacidad.

De manera adicional y como prueba piloto se incorporará una unidad para mujeres e infantes en las horas de mayor afluencia en las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado.

Silva Ruiz también adelantó que se fortalecerá con apoyo del Tribunal Superior de Justicia el Sistema Penal Acusatorio mediante la contratación de juezas y jueces en materia penal y familiar; el 50 por ciento de estas plazas serán para mujeres.

Una de las acciones que ya se implementó es la campaña de medios de comunicación denominada Cero Tolerancia a la Violencia, que se reforzará una vez que concluya la veda electoral.

Para atender las 45 medidas se integraron ocho subcomités de trabajo: de Capacitación Especializada para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; para Garantizar la Aplicación de la NOM 046- SSA2-2005, de Seguridad; de Procuración de Justicia, de Comunicación Social, para Juzgar con Perspectiva de Género, de Educación con Perspectiva de Género y de Gobierno.

En la primera sesión se incluyó a los 50 alcaldes en cuyos municipios se decretó la Alerta de Género. Participaron el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez; la diputada local Rocío García Olmedo; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Adolfo López Badillo; Mónica Díaz de Rivera, Presidenta del Consejo Consultivo del IPM, así como miembros del gabinete estatal y representantes de agrupaciones civiles.