María tenía 24 años cuando tuvo a su primer hijo. Aunque había recibido atención prenatal con una médica particular, decidió que su parto sería en una clínica del Seguro Social.

Días antes de comenzar su labor de parto, su ginecóloga le recomendó tener relaciones sexuales para acelerar el proceso, puesto que ya estaba “en tiempo” de parir. Cuando la recibieron en el seguro porque había roto fuente, le hicieron bullying y la ignoraban por haberse atendido “por fuera”, y la presionaron para aplicarle la epidural.

Sus reiteradas negativas fueron respondidas con “¿segura? A ver si aguantas”. Hasta que la asustaron con que si no lo hacía en ese momento, después no habría nadie que se la pusiera. Así que accedió.

Dos veces la pincharon, lo hicieron mal y le provocaron sangrado, y además la culparon de lo sucedido “por haberse movido”. También le dijeron que mejor le harían una cesárea, sin que fuera fundamental, solo por agilizar el proceso.

María se negó y después de horas acostada en una camilla sin que la dejaran levantarse, y sin darle siquiera agua, ella decidió ponerse de pie un momento, lo que resultó en que la amarraran con vendas a un lado de la cama.

Cuando casi 12 horas después llegó el momento en que comenzó su trabajo de parto, María estaba histérica y cansada. Los médicos aplicaron la maniobra de Kristeller -que implica presionar el vientre- (lo que está contraindicado a nivel internacional) y usaron fórceps para sacar al bebé. Esto le provocó un sangrado interno.

También le realizaron la episiotomía sin preguntarle ni decirle nada, además de que la hicieron mal y le provocaron una incorrecta cicatrización. En ningún momento avisaron de la situación a su esposo.

Después de que por fin nació su bebé, a María y a él los dejaron por más de 4 horas en una camilla en pleno pasillo, bajo un aire acondicionado, sin nada más que dos batas de hospital para pacientes. Esto provocó que durante los primeros cinco años de la vida de su hijo, padeciera de problemas respiratorios.

Todavía un año después de esta experiencia, María despertaba en las noches llorando y gritando.

Tuvieron que pasar cinco años para que decidiera volver a embarazarse y quitarse la mala experiencia que tuvo al parir. En esa segunda ocasión, recurrió a un hospital particular y a tener una dula de acompañante.

Así como ella, 33.4% de mujeres en México sufrieron algún maltrato al ser atendidas durante el parto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI (2016).

Esto se define como violencia obstétrica, que de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)  “es una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que constituye una violación a los derechos humanos”.

Esta puede darse en servicios de salud públicos y privados, y “consiste en cualquier daño u omisión que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio”.

“¿Así gritaba cuando se lo hicieron? Ahí sí abrió las piernas”, “¡No te estés quejando y puja!”, “De nada sirve que estés gritando”, son algunas de las frases que forman parte del lenguaje de la violencia obstétrica, y que suelen provocar traumas a quienes se encuentran en labor de parto.

A María se las dijeron. La humillaron con relación a su vida sexual, y como se veía más joven de lo que era, la infantilizaron y se burlaron de ella.

Pero no solo se incluyen las ofensas u omisiones en el proceso de nacimiento de un infante, sino en lo que sucede después.

Hay mujeres a las que presionaron para aceptar algún método anticonceptivo, temporal o permanente (9.2%). De acuerdo con el ENDIREH, al 4.2 % le colocaron alguno o la esterilizaron sin previo consentimiento.

En 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció la existencia de la violencia obstétrica, su gravedad, causas y consecuencias.

Dubravka Šimonovi?, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, la hizo visible con el informe “Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica”.

Ese reconocimiento de una problemática fue importante porque “desculpabiliza a las madres”  y valida sus experiencias, dijo al respecto al diario El País Ibone Olza, psiquiatra perinatal y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.

Se calificó de tortura el realizar una cesárea o una episiotomía sin consentimiento, y se describieron “las formas de maltrato más habituales en el parto, especialmente el chantaje y cómo se minimizan o invisibilizan sus consecuencias”.

En México, de 2015 a 2021 la CNDH emitió 56 recomendaciones a distintas instituciones de salud, por violencia obstétrica. En tanto, de 1996 a 2020 la Comisión Nacional de Arbitraje México (Conamed) registró 2,156 quejas con motivo de atención de parto y puerperio inmediato. Como sucede con otras problemáticas, estos son solo los casos de los que hay registro o que fueron denunciados, aunque muchos otros no llegan a las estadísticas.

Fuente: Animal Político