En los suburbios de Puebla, en casas de bajos recursos económicos, viven personas que sin saber cuándo ni cómo se convirtieron en propietarios de empresas fantasma que recibieron millones de pesos en contratos de las administraciones de los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad, así como del expresidente municipal de la capital del estado, Luis Banck Serrato.

En las actas constitutivas de las empresas que se encuentran en el Registro Público de Comercio (RPC), copias de los contratos y padrones de proveedores de las dependencias, Datamos identificó 196 direcciones de oficinas de empresas fantasma o de los domicilios de quienes aparecen como accionistas de dichos proveedores del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Puebla.

Para esta investigación periodística se visitaron 93 direcciones —más de 47 por ciento del total— y se pudo comprobar que muchas de las personas que viven ahí ignoran que su nombre aparece en contratos con el gobierno estatal o que fungieron como propietarios de empresas. En otras direcciones hay oficinas abandonadas o inmuebles ilocalizables.

En apego a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, omitimos el nombre real de los presuntos accionistas o propietarios de las empresas fantasma que entrevistamos para este trabajo periodístico.

 “Alicia” vive en la zona poniente de la ciudad de Puebla, rodeada de terrenos baldíos, inundaciones e inseguridad. Viste un pantalón de mezclilla y una delgada blusa. Llega a su casa en una van del transporte público que conduce su marido; se muestra confundida al enterarse de que aparece como dueña de una compañía a su nombre: Hobert S.A de C.V., proveedora del Gobierno de Puebla. Asegura que no sabe cómo se convirtió desde el 27 de enero de 2015 en accionista de esta empresa declarada fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuenta que es amiga de “Patricia”. Se conocieron en la escuela de sus hijos. Un día, “Patricia” le pidió una copia de su identificación oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) para un proyecto que no entendió en qué consistía, pero no le pareció que sus datos fuesen mal utilizados. “Ella me invitó a eso, pero jamás firmé nada, ni supe nada. (…) Sí con ella los presté (mis datos), pero nada más. Nunca más volví a saber de ella”, explica al enterarse de que también “Patricia” aparece como socia en Hobert S.A. de C.V.

En 2016 Hobert S.A. de C.V. facturó 620 mil pesos (33 mil 214 dólares) en dos contratos firmados con una institución pública llamada Convenciones y Parques, así como del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán (ITS). El 16 de abril de 2019, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el oficio 500-05-2019-7322 donde se confirmaron sus operaciones inexistentes.

Hoy, “Alicia” vive con incertidumbre porque no puede conseguir empleo: los bancos le niegan una tarjeta de nómina y los ejecutivos de las sucursales le reiteran que tienen dificultades con sus datos personales.

Fuente: Datamos