El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el nombramiento de Alfonso Ramírez Cuellar 

Encuentra las últimas noticias de Alfonso Ramírez Cuéllar: información, fotos y videos en Milenio como el dirigente interino de Morena en función de una "interpretación" que realizó de los estatutos por el contexto que vive el partido.

Con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la Sala Superior avaló la convocatoria y posterior realización del sexto Congreso Nacional Extraordinario del 26 de enero, por lo que deja en firme la exclusión de Yeidckol Polevnsky del órgano de dirección del partido.

En sesión pública, desestimaron los argumentos de las denuncias en función de una interpretación jurídica que realizó la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y con la que se evita un conflicto de forma eficaz y rápido.

"La interpretación es funcional, es democrática, no es invasiva porque lo que hacemos es interpretar la normativa y lo que hacemos coincido con la interpretación que hizo el órgano de justicia intrapartidista", dijo el magistrado ponente Indalfer Infante.

El magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, justificó la decisión adoptada por la mayoría del Pleno considerando que la Constitución les confiere esta capacidad para interpretar la norma interna de un partido para resolver un conflicto.

"Las autoridades deberán de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales siempre que no se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso u otros derechos y en ese sentido consideró que sí se reúnen los elementos para poder realizar la convocatoria", sentenció.

Los magistrados avalaron que además del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la mayoría de los consejeros nacionales y una tercera parte de los Consejos Estatales puedan convocar a Congresos Nacionales extraordinarios.

De acuerdo con el magistrado José Luis Vargas Valdés, el hecho de que Morena concentre cerca de 70 por ciento del poder político nacional y local obliga a los magistrados a atender jurídicamente el conflicto que enfrenta el partido, pues de lo contrario se estaría "fomentando y generando una crisis al sistema democrático del país".