El gobernador Miguel Barbosa Huerta propuso reducir a un año la pena máxima de prisión impuesta a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Su propuesta consiste en una modificación al artículo 342 del Código Penal del estado para eliminar tres condiciones por las cuales la pena por el delito de aborto aumenta hasta cinco años.

Las condiciones que el mandatario estatal plantea eliminar son que la mujer no tenga “mala fama”, que haya logrado ocultar su embarazo o que éste no sea “fruto de matrimonio”, según lo establecido en el Código vigente.

Su iniciativa se inscribe en medio del aplazamiento que el Congreso local ha establecido para analizar una propuesta de la diputada Rocío García Olmedo, donde se plantea la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.

A principios de agosto, durante un foro realizado en el Senado de la República, el gobernador del estado firmó un documento en el que se comprometía a iniciar los procesos legales de preliberación de las mujeres que hayan sido sentenciadas por aborto.

“No seré un gobernador que ponga a su pueblo en un choque, vamos a ser cuidadosos en todos estos temas”, dijo.

Un mes después, envió al Congreso una reforma al Código Penal para ampliar las causales de indulto, y así ordenar la preliberación de presos políticos, mujeres con sentencias menores a cinco años —donde se incluyen aquellas que han sido criminalizadas por interrumpir su embarazo—, enfermos terminales, adultos mayores e indígenas.

Fuente: 24 horas