Las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia aprobaron el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, referente a empresas fantasmas.

En el análisis, discusión y valoración de las tres Iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, en materia de combate a empresas fantasma, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, indicó que la iniciativa se analizó en mesas de trabajo, donde escuchamos distintas posiciones e inquietudes respecto del contenido de las iniciativas para enriquecer e incluir propuestas de las y los senadores, del Consejo Coordinador Empresarial y de la Asociación Nacional de Bancos de México

El proceso, dijo, es llegar al Pleno y construir mayores consensos para la probable aprobación del Decreto.

El documento establece que la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; y del Código Nacional de Procedimientos Penales, presentada por el senador Alejandro Armenta, del Grupo Parlamentario de Morena, propone incluir al catálogo de delitos cometidos por la Delincuencia Organizada a la Defraudación Fiscal y la Defraudación Fiscal Equiparada.

En tal sentido, plantea combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al Fisco Federal. Busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las empresas que deducen operaciones simuladas, y a cualquier otra conducta delictiva de contenido económico.

Se propone adicionar en el artículo 5 de Ley de Seguridad Nacional los delitos fiscales que por su relevancia y daño o perjuicio al Fisco Federal afectan las finanzas públicas del país y en consecuencia ponen en peligro su estabilidad o permanencia.

Se precisa en materia de delitos fiscales y financieros la posibilidad de que no se ejerza la acción penal cuando quienes consuman o de alguna manera participan en delitos fiscales, hayan reparado o garantizado los daños.

Asimismo, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y de la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, propone aumentar las penas para quienes expidan o enajenen comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Busca imponer penas de cinco a ocho años de prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes. Además de tipificar el contrabando, la defraudación fiscal y la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Dispone un cambio sustancial en el marco legal para lograr una mayor trasparencia, eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones.

La Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; d la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente; de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y del Código Penal Federal, presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN, establece:

Modificaciones legislativas que permitan prevenir y sancionar la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, que dañan y perjudican a la Hacienda Pública.

Fortalecer el control efectivo de la corrupción a través del marco jurídico de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos; aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada de manera constitucionalmente proporcional; establecer un sistema de cuantías adecuado al tamaño de la economía nacional para perseguir la defraudación fiscal de las personas morales.

Disminuir los supuestos de defraudación fiscal equiparada a los que sí pueda resultarles aplicable un régimen excepcional de investigación, persecución y sanción; establecer contrapesos institucionales en beneficio de la ciudadanía respecto del ejercicio de la acción penal en los delitos fiscales, implementar controles parlamentarios al ejercicio que las instituciones gubernamentales habrán de considerar a la defraudación fiscal y sus equiparables como amenaza a la seguridad nacional, delito de prisión preventiva oficiosa y de delincuencia organizada.

En la discusión, las y los senadores coincidieron en la importancia de combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y a las que deducen operaciones simuladas.

Destacaron la importancia de las iniciativas, toda vez que, asentaron, contribuyen a brindar seguridad jurídica en los casos en los que exista sucesión de leyes penales. En virtud de que estos casos no se encuentran establecidos en las leyes penales.

El senador Alejandro Armenta informó que la iniciativa se enviará a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera que preside la senadora Mayuli Latifa Martínez, para su debate.

Durante el análisis y valoración del proyecto de decreto participaron, el presidente de la Comisión de Justica, senador Julio Ramón Menchaca; de Acción Nacional, la senadora Minerva Hernández Ramos y el senador Roberto Moya Clemente; de MC, el senador Samuel García Sepúlveda; el senador Miguel Ángel Mancera del PRD; Nuvia Mayorga Delgado y Vanesa Rubio del PRI; de Morena: senadora Lucia Meza, senadores Cruz Pérez Cuellar, Ernesto Pérez Astorga, José Luis Pech y José Narro, entre otros.