Por unanimidad y con el aval de las fuerzas políticas del Congreso, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el Dictamen para la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que tiene como finalidad reestructurar la administración pública estatal y paraestatal.

Se trata de la iniciativa de ley impulsada por el gobernador electo, Miguel Barbosa, que tiene, entre otros objetivos, crear más secretarías estatales y reordenar a los organismos públicos descentralizados.

La nueva Ley permitirá la regulación adecuada de las facultades del Gobierno, con la finalidad de implementar mejores prácticas en la administración y gestión gubernamental, que fomente la transparencia y evite la corrupción.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Gabriel Biestro Medinilla afirmó que, gracias a la participación de todas las fuerzas políticas, la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública es el inicio de una nueva etapa que dará certidumbre jurídica, normalidad democrática, equilibrio en las funciones públicas, control en el gasto, así como reducción y eliminación del dispendio.

Asimismo, la diputada Vianey García Romero señaló que en la nueva Ley se tomaron en cuenta las propuestas de cada una de las fuerzas legislativas para impulsar una administración estatal de gobierno abierto, que especifica de manera clara las funciones de las Secretaría de la Función Pública, de la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica, entre otros.

De igual manera, la diputada Tonantzin Fernández Díaz señaló que el cambio en la Ley Orgánica de la Administración Pública permitirá delimitar las responsabilidades de las dependencias, ahorrar tiempo y trámites burocráticos, salvaguardando los derechos laborales del personal de las dependencias.

En su momento, el diputado Marcelo García Almaguer señaló que se da un voto de confianza a la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad de dotar de las herramientas necesarias para el manejo de los recursos y los proyectos sociales que emprenderá la nueva administración.

Durante su intervención, el diputado Uruviel González Vieyra solicitó se le dieran a conocer los elementos que sustenten el cambio de denominación de la Secretaría de Educación Pública por el de Secretaría de Educación, ya que en la administración pública federal se respetó la denominación actual.

Asimismo, la diputada Rocío García Olmedo cuestionó si en la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública se contempla un enfoque de género y de derechos humanos.

En este mismo sentido, el diputado Armando García Avendaño cuestionó sobre la integración de las aportaciones que hizo su bancada con relación a las funciones de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Gobernación.