El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que abaratar las elecciones a través de la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), del Consejo General, la reducción de prerrogativas y disminuyendo el tamaño de las Cámaras del Congreso, no reduciría costos y “podría poner contra las cuerdas el sistema democrático” sobre todo en autonomía, operatividad del sistema electoral y pluralismo político.

Al participar en los Foros de la Reforma Electoral y del Estado en la Cámara de Diputados, se refirió a tres cosas en concreto que podrían verse vulneradas: “la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político en el que se ha avanzado tras décadas de lucha democrática”.

Ante los coordinadores de los grupos parlamentarios, consejeras, consejeros, diputadas, diputados, presidentes de Institutos Electorales Locales, así como el diputado Carlos Gutiérrez Luna, coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, quien moderó la mesa, Córdova Vianello afirmó que el sistema electoral funciona y funciona bien.

Si no fuera así, dijo, “no habría sido posible la tercera alternancia a la Presidencia ni el inédito grado de cambios de ganador que el país ha experimentado en los últimos cinco años, precisamente desde que ha venido operando el Sistema Nacional de Elecciones, derivado de la reforma del 2014”.

El Presidente del INE agregó que, si lo que se quiere es reducir costos, esto sería posible sin desaparecer la estructura que se ha construido en el último lustro ni incrementar las atribuciones de la autoridad electoral, por lo que propuso medidas que significarían ahorros por casi 7 mil millones de pesos.

Por ejemplo, la modificación de la Ley General de Partidos Políticos para que en el cálculo de las prerrogativas de los partidos locales, se multiplique el padrón de cada estado por el 30% y no por el 65% de una UMA (Unidad de Medida y Actualización), podría ahorrar casi 2 mil 500 millones de pesos al año. Además, dijo, el voto en urna electrónica implicaría economías de recursos por 4 mil 500 millones de pesos.

Si se aprobara la iniciativa que plantea desaparecer los OPLE y sustituirlos por consejos locales del INE nombrados desde la Cámara de Diputados, agregó el Consejero Presidente, “no sólo se generarían problemas operativos, sino que habría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral, a partir de una cooptación política de las autoridades electorales”.

La desaparición de los OPLE, indicó, implica que el INE debe transformarse o refundarse, ampliando sus estructuras en los estados, incrementando sus capacidades operativas y, por lo tanto, necesitando más recursos.

“Lo digo con todas las letras, así como estamos no puede el INE organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y, además, las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021”.

Añadió que no se trata de carecer de autocrítica; sin embargo, la mejora del sistema electoral representa el menor de los problemas que enfrenta el país. “Volvamos la vista atrás, a 1989, y quizá la única asignatura en la que hemos avanzado consistentemente es la de contar con elecciones libres, equitativas y confiables. No ocurre lo mismo con los problemas de desigualdad, pobreza, inseguridad, corrupción e impunidad entre otros ominosos pendientes”, señaló.

En su intervención, la Consejera Adriana Favela dio datos para mostrar que no es posible la homologación INE y organismos locales, como propone la iniciativa de reforma, ya que en lugar de ahorros implicaría erogar más recursos.

Agregó que las funciones de cada una de las autoridades electorales están bien delimitadas y subrayó que, si desaparecen los OPLE, se incrementaría la estructura del INE en cada municipio -2,458 en todo el país-, para poder organizar las elecciones a nivel municipal, de diputaciones locales y de integrantes de ayuntamientos.

“También descentralizar la fiscalización podría significar un retroceso para los procesos de revisión y sanción, ya que los criterios podrían ser diferentes en cada entidad”, puntualizó.

Además, propuso velar por la permanencia de los OPLE, buscar la reducción de los costos y que sea la federación la que destine los recursos para su funcionamiento y realización de sus tareas fundamentales.

En la mesa de análisis “Reformas de Órganos Electorales”, en la que también participaron como ponentes la presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, Miriam Guadalupe Hinojosa; el presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, Pedro Zamudio, y consejeros de los OPLE de Veracruz, Sonora, Chiapas e Hidalgo, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sostuvo que afectar negativamente el sistema electoral sería un gran retroceso.

“Cambiar sin un diagnóstico a fondo e integral pone en riesgo un engranaje que no se inventó en un día, ha sido confeccionado y probado a lo largo de cuatro décadas, brindando estabilidad política al país en los últimos 40 años”, sentenció.

Precisó que la conquista del actual andamiaje electoral, así como su construcción y salvaguarda, representan un costo financiero, “creo que es un grave error comenzar una discusión en torno a las instituciones que sostienen la democracia hablando de dinero; reducir e iniciar la discusión aduciendo el costo, es empobrecer la misma corriendo el riesgo de descomponer lo que funciona”.

El Secretario Ejecutivo lamentó que, en esta discusión, no se hable de certeza, de mejorar procesos, de una larga lista de atribuciones y de mejorar la confianza tanto en los procedimientos como en las autoridades electorales “pues organizar elecciones es un trabajo de relojería fina” y la concentración del quehacer electoral federal y local generaría condiciones poco propicias para atender con oportunidad y certeza los resultados de la jornada electoral.

Edmundo Jacobo afirmó que el modelo nacional ha generado las condiciones adecuadas para la elección de más de 22 mil 800 cargos en los tres niveles de gobierno, ha aprobado la instalación de más de 54 mil casillas y ha visitado más de 30 millones de ciudadanos, quienes han participado como funcionarios de mesas directivas de casilla.

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña consideró que el problema no es la cantidad de recursos de que disponen los partidos políticos, sino cómo se distribuyen, por lo que se pronunció por no disminuirles el financiamiento sino distribuirlo mejor y generar incentivos para vigilarlos.

En su opinión, la urna electrónica no garantiza la transparencia, ni aporta las suficientes evidencias para constatar sus procesos y resultados.

Subrayó que en esta reforma electoral debe prescindirse de los OPLE, ya que “disminuir verdaderamente el costo del sistema electoral pasa necesariamente por contar con autoridades administrativas y jurisdiccionales únicas”.