El Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó este jueves al exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

A través de un comunicado, se explica que la orden fue por instrucción de Ernesto Nemer Álvarez, secretario técnico del Consejo Político Nacional del partido. Este proceso duró dos años y medio.

Duarte Jáquez está acusado por diversos delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos.

La notificación fue emitida el pasado 25 de enero por Socorro Jasso Nieto, subsecretaria del Consejo Político Nacional y fue dirigida al presidente del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán Flores, quien dará a conocer la decisión a los integrantes del Consejo Político Estatal.

Fue en julio de 2016 cuando el consejero nacional Armando Barajas Ruíz, solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, iniciar un “procedimiento sancionador” con miras a la expulsión del exmandatario chihuahuense, junto con los exgobernadores de Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge.

En el caso del veracruzano, la expulsión se dio en octubre de ese mismo año, cuando aún era gobernador con licencia y a una semana de haber escapado del país. A Borge le retiraron sus derechos partidarios en junio de 2017.

En ese entonces, César Duarte era investigado por tener en 17 denuncias en su contra, por una serie de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Tras dejar el cargo se refugió en Estados Unidos, donde permanece hasta ahora.

Desde el inicio del gobierno del panista Javier Corral en Chihuahua, jueces locales han emitido diez órdenes de aprehensión en contra del exmandatario, todas relacionadas con el mal uso de recursos. Existe una orden más emitida por un juez federal, por la que podría ser extraditado.

Carlos González, vocero del PRI estatal, dijo que fue en octubre de 2018 cuando le fueron suspendidos sus derechos partidarios, el proceso continuó en diciembre del año pasado cuando debió presentarse a una última audiencia para exponer alegatos a su favor y mantener su registro, pero no acudió, ni envió representante.

“En estos casos se debe garantizar su derecho de audiencia y debió tomarse en cuenta que aún no es señalado culpable de los delitos de que se le acusa, pero al no presentarse se determinó su expulsión”, afirmó González.