La Auditoría Superior del Estado, encabezada por su titular, David Villanueva Lomelí, hizo entrega de un total de 186 expedientes de dictámenes de cuentas públicas de ayuntamientos y organismos autónomos del periodo concentrado del 14 de julio al 14 de septiembre del 2018, a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, aunque omitió el correspondiente al expresidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato y se espera entreguen la del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, ambas aprobadas por la anterior legislatura.

Sobre el particular, el diputado José Juan Espinosa Torres, presidente de la Comisión Inspectora de la LX Legislatura, señaló que a solicitud de la diputada Mónica Lara, se dio cuenta en actas, de la omisión en la que incurrió la ASE en la entrega de la documentación solicitada por esta Soberanía.

Del mismo modo, el legislador afirmó que los integrantes de este órgano colegiado, cuentan con la facultad de revisar de manera económica, los expedientes de los dictámenes de las cuentas públicas aprobadas en los tres últimos meses por parte de los diputados de la anterior legislatura, para que posteriormente en términos de sus facultades, emitan sus puntos de vista, estrictamente jurídicos con base en los procesos de fiscalización.

Recordó que a través de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, se solicitó al titular de la Auditoría Superior del Estado, los expedientes que contienen los dictámenes de las cuentas públicas del Poder Ejecutivo correspondientes a los ejercicios de fechas del 1 de enero al 31 de octubre de 2016 y del 1 de noviembre al 31 de diciembre, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 al 31 de enero de 2017.

Además, pidió hacer constar en actas, que dicha información no se encontraba en la documentación de la entrega-recepción, omisión que compete a la anterior legislatura y acusó que este acto, es parte de la conducta inmoral e ilegal que asumieron algunos  diputados de la LIX Legislatura, por lo que le solicitó al auditor David Villanueva Lomelí, que en caso de que existiera una consecuencia de carácter legal, se tomaran las determinaciones necesarias para adoptar acciones administrativas o incluso penales en contra de aquellos diputados y funcionarios públicos que no entregaron en tiempo y forma esta documentación a la LX Legislatura.