El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, investigar si al juez que frenó aplicación de la reforma a la Ley de Industria Eléctrica le correspondía o no aplicar suspensiones a solicitantes.

En Palacio Nacional, el mandatario leyó la carta que envió al ministro con el objetivo de esclarecer la actuación del juez y titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro.

Aquí la misiva:

Ciudadano presidente del Consejo de la Judicatura:

Un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales.

De manera respetuosa y en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.

Asimismo, y si mi petición es legalmente procedente, solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos; en especial, de los más pobres.

Me refiero, entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, que incorporó a su nómina a una antigua secretaria de Energía del gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial, nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país.

En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González, seudodefensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cossío, quien, cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial, legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades.

En fin, señor presidente de la Corte, sería lamentable que, después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia bajo la excusa del Estado de derecho, pues, en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para preservar sus intereses han sido y quieren seguir siendo los violadores más tenaces de la Constitución y de las leyes de la República.

Expreso, para finalizar, que, así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré también a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia.

Con un saludo cordial.