En los años recientes, el número de bienes adquiridos por la clase política mexicana ubicados en Estados Unidos y España se multiplicó, lo que es un reflejo que no se llega al beneficiario final de una operación y no se tiene una efectividad para detectar casos de corrupción en el país, indicó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al participar en el segundo congreso virtual de Compliance, organizado por Thomson Reuters, Nieto Castillo explicó que si bien el lavado de dinero que se realiza en el país tiene que ver con actividad criminal, también está relacionada con la corrupción de funcionarios públicos.

"Hay grupos delictivos dentro de la organización política que terminan saqueando el erario a partir de actos de peculado, enriquecimiento ilícito, de cohecho y al final del día terminan sacando el dinero del país",  detalló el funcionario.

Nieto Castillo indicó que casos de relevancia como la Estafa Maestra u Odebrecht, son ejemplo de tipologías que usan los funcionarios para extraer dinero del erario para beneficio propio o de sus cercanos.

"No es nada ajeno a la realidad en México la proliferación de empresas fachada en la última administración y cómo este modelo de las empresas fachada generaba algo terrible, que está relacionado con la Estafa Maestra, Odebrecht, es decir, tipologías que llevaron a extraer dinero del erario para llevarlo a las manos de servidores públicos o sus servidores cercanos", comentó el titular de la UIF.

El funcionario resaltó la necesidad de tener una plena identificación del beneficiario final de las operaciones que se realicen, con el fin de detectar de manera más efectiva los actos de corrupción.

"De nada nos sirve, saber que hay un hombre, que es un despachador de una gasolinera, o que es un chófer, o que es un cargador de cilindros de gas que resulta ser el dueño de empresas que reciben millones de dólares en cuentas en el extranjero. Necesitamos poder ir sobre el beneficiario final, sobre aquella persona que controla la sociedad mercantil, que recibe los recursos y beneficios de una actividad ilícita", comentó Nieto Castillo.

"Cómo es posible —añadió— que se haya multiplicado en los últimos años el número de bienes inmuebles comprados por la clase política mexicana en Estados Unidos y en España".

El funcionario informó que tanto la UIF como la Secretaría de Función Pública, trabajan para generar un registro de beneficiarios finales, con el fin de crear un modelo semejante al de Reino Unido para detectar a esta figura.

"Tenemos que generar un modelo que nos permita combatir y no permitir este tipo de prácticas", apuntó.

Fuente: El Economista