Legisladores piden investigar y castigar, según sea el caso, el uso discrecional durante años de 241 millones de pesos que conforman la denominada partida secreta y que era manejada por la extinta Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla.
En la columna Garganta Profunda del periodista Arturo Luna Silva se expuso la denuncia presentada por la actual administración por un daño patrimonial a la hacienda estatal, pues desde mayo de 2013 hasta julio de 2019 se dispusieron dichos bajo un esquema que no requería justificación, lo que permitía un manejo abiertamente discrecional a disposición de los entonces jefes de gabinete.
Los documentos publicados generaron la reacción del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el morenista Gabriel Biestro Medinilla, quien pidió una investigación a fondo y se determine la responsabilidad de los involucrados.
“Es un asunto que no se puede tomar a la ligera. Lo importante es que se investigue y que ese tipo de discrecionalidad y de corrupción no vuelva a ocurrir”, aseveró el diputado. Por su parte, la priísta Rocío García Olmedo consideró que el gobernador tomó la decisión correcta al interponer una denuncia por un posible acto de corrupción millonario.
“Hay que denunciar. El que acusa, prueba, y si se determina un manejo discrecional, debe llegar hasta las últimas consecuencias”, apuntó.
García Olmedo subrayó que en diferentes ocasiones solicitó que el Congreso del Estado conociera las modificaciones que hace el Ejecutivo sobre las partidas del presupuesto anual, pues consideró que eso ofrece mayor transparencia. Incluso, Gabriel Biestro coincidió con la legisladora del PRI, al explicar que el Ejecutivo tiene la facultad de redistribuir el presupuesto de acuerdo a las necesidades de su administración; sin embargo, “el gobierno del Estado estaría obligado a transparentar 100% de los recursos”.
Mónica Rodríguez Della Vecchia, diputada por el PAN, consideró que todas las partidas del presupuesto deben ser transparentes, se pronunció a favor de la legalidad y de esperar el resultado de la investigación, aunque consideró que ningún caso debe ser usado como bandera electoral.
Más temprano, tras la reanudación de actividades escolares, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que la investigación corre por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la denuncia abarca a exfuncionarios, quienes durante las últimas cuatro administraciones estatales están relacionados con el tema, pero evitó dar detalles al tratarse de una indagación abierta. Sin embargo, mencionó que cualquier funcionario o exfuncionario que haya incurrido en ilegalidades tendrá que enfrentar el proceso que marca la ley.
Los documentos señalan a: Luis Maldonado Venegas (fallecido el 30 de abril de 2019), Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, César Tamez González, Álvaro Gómez González, Raúl Sánchez Kobashi, Enrique Robledo Rubio, Eduardo Tovilla Lara y Charbel Jorge Estefan Chidiac.
En su cuenta de Twitter, Fernando Manzanilla, exsecretario General de Gobierno, esgrimió que se trata de la partida presupuestal Servicios de Seguridad y Protección, un concepto autorizado por el Congreso del Estado y “homologado” a las normas federales. El hoy diputado federal explica que el actual titular de la Segob, David Méndez, tenía conocimiento del concepto.
Asegura que Álvaro Gómez González, excoordinador general de Administración de la SGG, acudiría con las autoridades correspondientes para aclarar cualquier duda del recurso asignado.
Fuente: Crónica
