La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la controversia constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la Política de Confiabilidad del sistema eléctrico que publicó la Secretaría de Energía (Sener) el pasado 15 de mayo.

Esta mañana se dio a conocer que, además, la Corte también otorgó a la Cofece la suspensión de todas las acciones contenidas en el documento de la Sener.

“Se concede la medida cautelar solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica, para el efecto de que se suspendan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”, se lee en el documento fechado el 25 de junio pasado.

La Cofece interpuso la semana pasada el recurso de controversia constitucional contra la Política de la Sener argumentando en esencia que violenta los principios fundamentales de la competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En concreto, señaló la Comisión, es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 de la Carta Magna y las leyes secundarias aplicables a la industria eléctrica que, en conjunto, establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad.

Por su parte, la Política de la Secretaría de Energía a cargo de Rocío Nahle García se sustenta en que en las pasadas administraciones federales se otorgó vía la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “de manera irresponsable y sin planeación” un sinfín de permisos de generación a particulares, lo que derivó en un desbalance en el sistema eléctrico.

Por ello, la Política pretendía dejar fuera a un número importante de generadores eléctricos privados, especialmente de energía renovable.

Tanto la Política de la Sener, como el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS COV2 (COVID-19)’ emitido el 29 de abril por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), han recibido diversos reveses en tribunales ante los amparos que han interpuesto las empresas generadoras.

Apenas el 23 de junio, la organización ambientalista Greenpeace México, junto con Defensa Colectiva, obtuvieron una suspensión definitiva contra la Política de la Sener y el Acuerdo del Cenace en favor de las empresas generadoras de electricidad con base en energía solar fotovoltaica y eólica.

Hasta el momento, la Secretaría de Energía no se ha pronunciado con respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justica de dar entrada a la controversia constitucional de la Cofece.