La deforestación ha dejado una enorme herida sobre el territorio de México. El año pasado el país perdió 321.000 hectáreas de bosque, pero este cáncer que carcome sus selvas —que incluye explotación ilegal, crimen organizado, aumento de terrenos para monocultivos y ganadería, el turismo e incendios forestales— ha causado una pérdida mucho más escalofriante: desde 2001 se han arrasado casi cuatro millones de hectáreas, lo que equivale una extensión territorial casi igual a la de una nación como Portugal. Los datos son de Global Forest Watch, una plataforma que monitorea la situación de los bosques en el mundo, y coinciden con los de organismos ambientalistas mexicanos, que lanzan una alerta sobre el impacto de esta destrucción. “Es brutal, un escándalo”, resume Eugenio Fernández Vázquez, consultor ambiental de Comunicación y Construcción de Alternativas, A.C., una organización que impulsa el desarrollo sustentable en el país.
Los territorios más afectados son aquellos que tienen extensas regiones cubiertas de bosques tropicales, principalmente la rica zona del sureste de México, una especie de cuerno de la abundancia de recursos naturales: Yucatán (17.958 hectáreas arrasadas), Campeche (39.114), Quintana Roo (14.918) y Tabasco (9.784). En estos Estados el principal motor de la deforestación es la imposición de monocultivos y el turismo, que además afecta las enormes reservas acuíferas, explica Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C. “En la Península de Yucatán se ha desarrollado un modelo turístico enormemente depredador, no se han respetado ecosistemas ricos como los manglares, que sufren una destrucción acelerada”, explica Madrid, quien teme el impacto que pudiera tener en esta región la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de infraestructura del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos primeros trabajos comenzaron adjudicando contratos sin que se hayan presentado los estudios de impacto ambiental. Las autoridades esperan que una vez finalizado este megaproyecto, la región reciba de tres a cuatro millones de turistas adicionales, debido a la construcción de nueva infraestructura hotelera y de servicios, lo que “seguramente acelerará el proceso de pérdida” del bosque y los recursos naturales, advierte Madrid.
La gula global por monocultivos también ha impactado en el territorio mexicano. Madrid dice que la culpa de la destrucción de los bosques no la tienen los campesinos que cultivan pequeñas hectáreas para la subsistencia o el comercio agrícola local, sino grandes compañías que explotan enormes áreas con sorgo, caña de azúcar, soja o palma africana. “A estas empresas la selva les estorba. En Campeche grandes zonas han sido completamente limpiadas para sembrar sorgo. Es una verdadera pena”, explica.
El crimen organizado también mete su mano en esta devastación. Eugenio Fernández Vázquez explica que las mafias ven en el comercio ilegal de madera una forma muy fácil de lavar dinero. Se trata, dice, de “mafias multidisciplinarias, grupos que están metidos en distintos crímenes y uno de ellos es el contrabando de madera y uso ilegal de recursos forestales”. Estas mafias están arrasando los bosques en el Estado de Chihuahua, localizado en la región noreste del país. Y también afecta al Estado de Michoacán, rico en biodiversidad, donde además del contrabando maderero están involucrados en el próspero negocio del cultivo y comercio de aguacate y en la explotación de granadillo, una especie muy cotizada en los mercados internacionales, utilizada, entre otras cosas, para fabricar instrumentos musicales y partes para coches de lujo. Los otros Estados más afectados por la deforestación son Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
Los expertos consultados culpan del imparable avance de la deforestación a unas políticas ambientales erróneas, los recortes en los presupuestos de las organizaciones que velan por la protección del ambiente, la falta de guardabosques y una apertura neoliberal con una mortal sed de recursos naturales. “No ha habido un solo gobierno en este país que tenga un mínimo de compromiso con los bosques”, afirma Fernández Vázquez. “No se le da recursos a la conservación y cuando se les da es poco y mal distribuido”, agrega. Pone un ejemplo: en Quintana Roo, un Estado con más de 50.000 kilómetros cuadrados de territorio y enormes recursos naturales, solo hay 19 inspectores para garantizar su protección. “La política forestal se ha dejado en manos de gente que no sabe nada”, se lamenta.
Fuente: El País
