El Instituto Americano del Petróleo (API), una organización que representa a empresas estadounidenses del sector, pidió al gobierno de Estados Unidos que intervenga ante lo que considera una franca “discriminación” de sus agremiados en México, derivado de los cambios y acciones de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Estas acciones, señala, han beneficiado al exmonopolio de Pemex en los mercados de las gasolinas y gas natural licuado y perjudicado a las firmas estadounidenses en el país. 

“Estas acciones son discriminatorias contra miembros de API que, además, pueden contravenir los compromisos de México en el Tratado Nacional de protección de inversiones, dentro de los capítulos de Inversiones tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACN) y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dice Michael Sommers, director general del Instituto, en una carta dirigida a funcionarios del gobierno de Donald Trump fechada el 11 de junio, y de la que Expansión tiene una copia.

La misiva pide la intervención diplomática para frenar lo que consideran son abusos en contra de las inversiones estadounidenses en el país y que afectan a sus agremiados en diversos aspectos.

“Estos ejemplos también parece contravenir el compromiso de México del Tratado de No discriminación de las empresas del estado y de los monopolios legales del capítulo dentro del T-MEC, respecto a la empresa del estado Pemex”, dice el directivo del instituto, que agrupa a más de 600 miembros de diferentes segmentos del sector energético en Estados Unidos.

El grupo refiere al menos seis puntos donde considera que existe una modificación a la regulación que ha afectado a sus agremiados, retrasos injustificados para que puedan operar o acciones de entidades de gobierno que consideran injustificadas, según se explica en un anexo a la carta enviada al Secretaría de Estado, al de Energía, al de Comercio, y al embajador de Estados Unidos en México.

El gobierno de López Obrador ha apostado por fortalecer a las empresas estatales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como una de sus banderas desde que llegó a la presidencia en diciembre de 2018, lo que se ha traducido en ocasiones en cambios a la regulación y reglamentación del sector.

Esto ha causado fricciones con el sector privado nacional e internacional en estos mercados, que venían en ascenso en el sexenio pasado tras la aprobación de la Reforma Energética.

API dice que sus miembros acusan dificultades para obtener permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para hacer el cambio de la marcas de gasolineras a las propias, debido a que el regulador prolonga los trámites que debieran estar listos en 90 días; además de pedir información adicional que no se prevé en los reglamentos, con lo que puede terminar por desechar las peticiones tras varios días de retraso.

El instituto también acusa que la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) ha cerrado bombas en las estaciones de servicio de empresas estadounidenses por infracciones menores o inexistentes, agregando la presencia coercitiva de la Guarda Nacional. Las empresas han enfrentando problemas para cumplir con las nuevas reglas de la Política de Almacenamiento de Petrolíferos debido a que se exigen tener cinco días de inventarios pero los permisos para la construcción de esta nueva infraestructura se han retrasado, dejando a Pemex como la única opción para conseguir esta capacidad.

También se queja de la decisión de la CRE de quitar las resoluciones que ataban a Pemex a una regulación especial para impedir que abusara de su poder de mercado; y con esto, le ha dado más margen a la petrolera estatal para fijar los precios en el mercado, con medidas opacas e injustas para el resto del mercado.

Algunas empresas estadounidenses también han enfrentando retrasos en los permisos para la construcción de terminales de petrolíferos y de gas natural licuado por parte de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente (ASEA).