La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció el avance de los procedimientos administrativos sancionadores por presuntas irregularidades observadas en la adquisición de los 20 ventiladores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.

Se trata de una compra realizada a León, hijo de Manuel Bartlett, ex gobernador de Puebla y titular de la CFE.

El hijo de Bartlett vendió, sin licitación de por medio, los ventiladores más caros para COVID-19 al IMSS, hecho denunciado por Mexicanos contra la Corrupción.

La Función Pública difundió que a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, no se permitió que se consumara un daño al erario. Gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Función Pública en esta gestión, se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados.

“En el pasado –sostuvo Sandoval Ballesteros-, se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”.

Refirió que al momento existen al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de carpetas de investigación contra funcionarios públicos y particulares.

Expuso que el Estado Mexicano en esta Cuarta Transformación no sólo avanza en frenar el paso al desvío de recursos públicos, sino que impulsa las acciones resarcitorias de los daños causados por éstos.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que la Función Pública, en uso pleno de sus facultades de verificación de las adquisiciones, continúa con las diligencias y procesos administrativos sancionadores para determinar quiénes fueron los responsables y culminar los procesos de sanción, ya sea para los particulares o para los servidores públicos, respetando siempre las garantías del debido proceso de los involucrados.

Aseveró que, en el caso de que se determine la comisión de conductas ilegales, se impondrán con rigor las sanciones que correspondan, con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas, y en cualquier caso se dará vista a las autoridades competentes para que procedan conforme a sus atribuciones.

Expuso que los expedientes de investigación fueron abiertos desde el 1 de mayo; dijo que “vamos a un buen paso y pronto daremos conclusiones”, y agradeció a los medios de comunicación y a la ciudadanía por sus aportaciones. Asimismo, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el respaldo para sus tareas del combate a la corrupción y a la impunidad.

Señaló que respecto a los requerimientos que desde el inicio de las investigaciones se realizaron a las dependencias del Gobierno federal, ya han sido respondidos por el IMSS, el Servicio de Administración Tributaria, la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas. Asimismo, se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aún en tiempo para responder.

La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que una de las principales premisas de la Función Pública es ser garante del ejercicio del gasto público, en beneficio de la población, de conformidad con los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia que rigen al Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sentenció que durante la actual emergencia sanitaria generada por el COVID-19, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales, y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación, por lo que resulta necesario poner énfasis en que las compras sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.