A simple vista luce como una simple plaza comercial con unos 12 locales pequeños, en una construcción de arquitectura modesta. Es un edificio que se encuentra en la calle Coras 3515, en Guadalajara, pero que desde uno de esos pequeños locales se fraguó la venta de miles de pruebas de covid-19 al gobierno de Puerto Rico, en una transacción millonaria con costos inflados, anomalías y ausencia de permisos.

La empresa mexicana Promotora SN, SAPI de CV, operadora de la marca Zogen Genética Molecular, se prestó para triangular la adquisición y venta de pruebas rápidas Nova Test.

La historia se cuenta por pasos

El 20 y 24 de marzo, el gobierno de Puerto Rico compró 101 mil 500 pruebas rápidas de covid-19, a la empresa 313LLC, por la cantidad de 46 y 36 dólares cada una.

La compañía reveló, en una entrevista a la periodista Wilma Maldonado de El Nuevo Día, que eran distribuidores exclusivos en Puerto Rico de la empresa Zogen con sede en Guadalajara, que a su vez se abastece de la empresa china Atlas Link. 

En realidad Zogen Genética Molecular es una marca comercial de la empresa mexicana Promotora SN, SAPI de CV que opera como farmacia y su sede es el pequeño local en una plaza comercial en esa ciudad.

Promotora SN se creó en 2015 con un capital inicial de solo 100 mil pesos mexicanos, y dadas las restricciones gubernamentales en México relativas a la importación de productos farmacéuticos, no puede importar a territorio mexicano las pruebas rápidas que la empresa boricua declaró haberle comprado debido a que la Cofepris no ha realizado autorización alguna para pruebas rápidas del tipo de las que Zogen pretende comercializar.

La situación se torna aún más grave cuando se compara la disparidad de los precios con que el Departamento de Salud compró estas pruebas, ya que se facturaron a Puerto Rico a un precio de hasta 46 dólares siendo que la cotización que maneja la empresa China es de 2.95 dólares por prueba, es decir que la institución del gobierno de Puerto Rico pactó un pago de hasta mil 554 por ciento arriba de su precio real, lo que representaría más de 78 millones de pesos mexicanos (3 millones 369 mil 575 dólares) de sobreprecio por la intermediación.

Esto, a pesar de que la empresa china no tiene contratos de exclusividad en Estados Unidos.

El accionista principal ( 80%) es el médico Julio Antonio Peguero, de 40 años, egresado de la Universidad de Guadalajara y cuya práctica en oncología la realiza en el estado de Texas.

Este equipó llamó a Zogen para pedir información sobre las pruebas de covid-19 y habló con Marcel Peguero, hermano del médico y accionista minoritario, quien reconoció que estas pruebas no tienen la aprobación aún de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero que esperaban que estableciendo protocolos de investigación con universidades nacionales pudieran conseguir la autorización en México de manera directa.

?En tanto se consiguen los permisos oficiales, dijo Peguero, la entrega debiera convenirse en Hong Kong o bien en aeropuerto quedando los trámites de importación bajo responsabilidad del comprador.

Fuente: Milenio