En medio de la crisis de inseguridad que vive el país, no todos están dispuestos a responder el Censo de Población y Vivienda que realiza el Inegi. Y aunque la dependencia federal confía en que todos se van a sumar, existen algunas medidas coercitivas que esperan no usar.

Por Ley, todas las personas que viven en el país deben sumarse a este esfuerzo, dijo Edgar Vielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del Inegi.

Aseguró que la información que se le provee al INEGI es de carácter confidencial y nadie podrá solicitarla. “ La Ley del INEGI es rígida, aunque lo pida autoridad judicial o hacendaria, no es posible entregar información”, dice.

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica también señala que quienes se nieguen a proporcionar datos, o den datos falsos, incompletos o incongruentes serán considerados infractores.

Vielma Orozco explica que estas acciones implican una sanción económica de 5 a 500 salarios mínimos, lo que representa una multa que va desde los 500 hasta los 51 mil pesos. Por obstruir la entrada a algún funcionario del INEGI a una comunidad la multa podría ser de hasta un millón de pesos.

Pero de acuerdo con Vielma Orozco, la participación no es un problema pues “México es un referente a nivel de participación censal en el mundo. En el censo del 2010 el 99% de las viviendas participaron”.

“El mejor censo es aquel en el que tenemos una participación activa de la sociedad pero sobre todo esa participación se realiza con veracidad. Nosotros no le apostamos a la sanción, sino al diálogo y a explicarle a la población el porqué es relevante su participación”, dice Vielma Orozco.

Fuente: Animal Político