El gobierno de Andrés Manuel López Obrador clasificó como confidencial el proceso de venta del avión presidencial, por lo que reservó esta información por cinco años o hasta que concluya la enajenación del TP-01 José María Morelos y Pavón; la reserva incluye la visita de tres personas que recorrieron la aeronave al estar interesados en comprarla.

En respuesta a una solicitud de información vía transparencia, Banobras reconoció que existe una cláusula de confidencialidad con las Naciones Unidas, la cual acompaña el proceso de venta.

“La información económica y comercial relacionada con el acuerdo específico de colaboración entre el gobierno de México, por conducto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos mantiene el carácter de confidencial, bajo una cláusula de confidencialidad pactada, la cual resulta indispensable para que las partes puedan cumplir legalmente el acuerdo específico”, detalló.

De acuerdo con la resolución R04/01-Ext/2020, Banobras también reveló que existe una cláusula de confidencialidad con los potenciales compradores, “respecto a información de índole económica comercial y propia de los fines o actividades de los particulares.

“Obran datos de personas físicas particulares (nombres y lugar de origen); siendo que Banobras no cuenta con el consentimiento de sus titulares para la divulgación de los mismos”, explicó.

También se solicitó a Banobras —como arrendatario del avión— el avalúo de la aeronave, así como el estudio de mercado, ambos elaborados por la ONU.

En este último documento se identificó a 42 potenciales compradores de 16 países, los cuales se solicitaron conocer qué compañías o empresarios se trataban, así como países de origen.

Asimismo se pidió la propuesta económica presentada por seis potenciales compradores, en primera instancia, y después las dos más formales, según lo revelado por el propio titular de Banobras, Jorge Mendoza, en la conferencia mañanera del 14 de enero.

En respuesta, la Dirección Adjunta de Financiamiento a Proyectos de Banobras informó que esta información está protegida por el “secreto comercial“, y su difusión podría llegar a “interrumpir”, “menoscabar”, “inhibir” o “alteraría las negociaciones durante la venta” del TP-01.

“Generando con esa situación, el no obtener los beneficios esperados de índole económicos para el Estado mexicano, lo que generaría una pérdida al proyecto”.

De acuerdo con la resolución del Comité de Transparencia de Banobras, acordada en su “primera sesión extraordinaria” del 11 de febrero, se argumentó que la afectación que puede tener la publicación de esa información “es mayor que el interés público”.

Por lo que esta institución consideró que su reserva “representa el medio menos restrictivo disponible para evitar daños y perjuicios irreparables al Estado”.

Banobras también se remitió a la protección de datos personales de los potenciales compradores del Boeing 787-8 Dreamliner.

“Contiene información entregada por particulares con el carácter de confidencial, relativa al patrimonio de una persona moral particular, y que además se relaciona con actos de carácter económicos que pudiera afectar sus negociaciones”, argumentó.