Entre el Estado de Baja California, en el extremo norte de México, y el de Chiapas, fronterizo con Guatemala, la distancia no solo se mide en kilómetros. A ambas entidades las separa una diferencia abismal en movilidad social, la oportunidad de progresar de nivel socioeconómico. Mientras el 82% de los sudcalifornianos más pobres consigue ascender, el 77% de los chiapanecos nacidos en la base de la pirámide se estanca. Son los dos extremos de una radiografía de la movilidad mexicana que publica este jueves el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Las oportunidades para ascender tienen brújula. Si la escalera de la ascensión social tiene 100 escalones, un habitante del norte sube 17 niveles y uno del sur, apenas tres. En los seis Estados que hacen frontera con EE UU algo más del 70% de los nacidos en el quintil más pobre mejora su posición. Esta cifra cae al 35% en el sur, apunta el informe, el primero que lleva el análisis de este fenómeno al ámbito estatal.
En Baja California apenas un 18% repite en la base de la pirámide; el resto consigue ascender y un 11% ingresa al grupo con ingresos más elevados —la media nacional en este aspecto no llega al 3%—. Ciudad de México, el principal centro financiero y educativo del país, es otra isla; el 87% de sus habitantes más pobres mejora la situación de sus padres.
El panorama cambia a medida que uno avanza en dirección sur, un viaje en el que la estratificación social se vuelve cada vez más pegajosa. El estancamiento encuentra su pico en el Estado de Chiapas, donde los hijos incluso viven peor que los padres. En la escalera de 100 niveles, una persona nacida en el escalón número 25 retrocede al 21 en la edad adulta.
A falta de datos equiparables en la región Latinoamericana, el estudio compara los resultados con los vecinos del norte. “Las brechas son más marcadas en el caso mexicano; hay mayor heterogeneidad que entre los Estados de EE UU y Canadá”, explica el director del CEEY y coautor del informe, Roberto Vélez. Nuevo León o Chihuahua, dos regiones norteñas que se encuentran entre las mejor situadas, tienen niveles de movilidad social parecidos a los de Quebec en Canadá o Minesota en EE UU. Sus ciudadanos pueden llegar a doblar el nivel socioeconómico en el que nacieron. Por el contrario, el grado de estancamiento en los Estados del sur de México no tiene espejo en los vecinos del norte.
La brecha está relacionada, en parte, con tasas de crecimiento muy dispares. El Estado de Aguascalientes ha crecido a un promedio de casi el 6% en los últimos diez años, tres veces más que la media nacional, gracias al impulso de la industria automotriz y aeronáutica. Allí un 87% del quintil más pobre consigue mejorar de posición y apenas un 15% de su población vive en la pobreza, un 67% menos que en 2008, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza (Coneval). Chiapas, en cambio, encadenó tasas de crecimiento negativo en el PIB per cápita de 1990 a 2016 y aún tiene al 76% de la población viviendo en pobreza, prácticamente la misma cifra que hace diez años.
El Gobierno ha puesto en marcha una batería de medidas sociales para sacar al sur del letargo. El programa “Jóvenes construyendo el futuro”, por ejemplo, ofrece becas de formación en empresas a jóvenes que ni estudian ni trabajan, uno de los desafíos a los que apunta el informe. La investigadora Laura Flamand, del Colegio de México, opina que todavía es temprano para evaluar los resultados, pero apunta a los desafíos sobre el terreno. “Las banderas del Gobierno son las correctas, pero los instrumentos tienen que afinarse para que sean más efectivos”, sostiene.
La capacidad de las autoridades locales para implementar políticas públicas también varía. La proporción de empleados públicos con maestría es del 67% en el Estado de Puebla y del 3% en Chiapas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2014. “Abatir las desigualdades en movilidad social pasa por los Gobiernos estatales y municipales y sus capacidades son muy desiguales”, dice Flamand.
Avanzar en el estudio de la desigualdad es otro pendiente. Muchos de los datos necesarios para analizar el problema no son públicos. Para este informe, el CEEY tuvo que combinar de dos encuestas; una del Inegi de 2016 y otra propia de 2017, con 32.481 y 17.665 entrevistas, respectivamente. “A diferencia de otros países, en México hay información administrativa que no está disponible, como datos tributarios o de la seguridad social”, explica Roberto Vélez. “Es necesario disponer de ellos en un momento en que las desigualdades entre generaciones están siendo más evidentes".
Fuente: El País
