Un anuncio estilo oficio institucional, escrito en mayúsculas y con errores ortográficos –en realidad copia simple sin firma, sin sellos ni responsable formal–, sepultó indefinidamente la historia oficial de las represiones, los expedientes sobre las actividades tempranas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Elba Esther Gordillo, Manuel Bartlett y otros funcionarios federales, así como de miles de personas cuya actuación pública fue definitiva en procesos electorales, actividades político-religiosas, relaciones y negociaciones con el hampa, e, inclusive, el registro que las policías políticas hicieron de las privatizaciones:
“Le informamos que a partir del 06 de enero de 2020 el fondo documental denominado ‘Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)’, estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Por su comprensión y apoyo. muchas gracias” (sic).
La imagen del anuncio fue difundida por la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, especializada en ese acervo desde 1998, año en el que por primera vez ese fondo estuvo abierto como parte de un convenio internacional suscrito y ratificado por México en materia archivística.
El 14 de febrero de 2019 el presidente López Obrador anunció la apertura de los fondos documentales de las policías políticas alojados en el Archivo General de la Nación (AGN). El 27 del mismo mes emitió un decreto reiterando la instrucción, pero la expectativa rápido se revirtió hasta dejar el acervo más inaccesible que en los tres sexenios anteriores debido a una serie de medidas administrativas que a mediados de abril redujeron a 200 versiones públicas las 3 mil que hasta entonces estaban disponibles.
Sujeto de apertura y censura de sexenio en sexenio, o bien, de restricciones normativas a capricho del director del AGN en turno, el fondo del IPS (que en realidad es el Fondo Gobernación, secciones IPS y DFS) fue abierto en 1998, en el contexto de la primera Comisión para la Verdad sobre la represión al Movimiento Estudiantil de 1968 y, pese a todo, jamás ha estado, como hoy, en el centro de la polémica pues –según coinciden historiadores– hay una regresión en materia de transparencia y acceso al conocimiento del pasado inmediato.
Ángeles Magdaleno, quien ha dedicado la mayor parte de su carrera a documentar los procesos represivos del siglo XX, aventura una ironía:
“Los perpetradores deben estar felices”.
Y es que en los archivos hoy vedados está documentado todo el conocimiento del presente: desde las primeras intervenciones telefónicas durante la presidencia de Plutarco Elías Calles, hasta las privatizaciones salinistas; hay conversaciones enteras como producto del espionaje contra la agencia de noticias cubana Prensa Latina, expedientes de personalidades de todas las filiaciones ideológicas…
También hay expedientes de escritores como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, de periodistas como Julio Scherer García; de los represores y ejecutores del autoritarismo hegemónico como Miguel Nazar Haro y Jorge Carrillo Olea; de negociaciones de secuestros en los que intervino como mediador Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, así como, entre otros, de grupos que intentaban tomar el poder desde los años sesenta formando cuadros en la Iglesia, como Onésimo Cepeda o la Organización Nacional El Yunque.
A esos ejemplos se suman las relaciones entre políticos y criminales que con el tiempo serían identificados como capos de la droga, y los registros sobre la corrupción policial, como la del temible jefe capitalino Arturo El Negro Durazo.
“Para decirlo de una vez: ahí está toda la historia del PRI”, dice la historiadora.
Fuente: Proceso
