El Gobierno de la Ciudad de México informó que hubo “una evidente colusión de servidores públicos” en la fuga de Víctor Manuel Félix Beltrán, Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro del Reclusorio Sur, por lo que ya rinden declaración entre seis y diez personas, incluso los custodios de turno.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que “sí hay responsabilidad de cualquier tipo o nivel, habrá sanciones, esto no se va a quedar así”, porque los internos –que se presume pertenecen al cártel de Sinaloa- se encontraban en la zona 1 del área de ingreso, y tuvieron que pasar cinco rejas para salir del centro, presuntamente caminando.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación por estos hechos, registrados entre las 8:00 y las 8:10 horas, que fueron comunicados a su homóloga federal, pues los reos estaban acusados por delitos federales.

Peticiones a jueces federales para trasladar a esos prisioneros a penales de máxima seguridad resultaron infructuosas. 

Rodríguez explicó que los centros capitalinos son preventivos y carecen de las medidas para atender a estos reos con perfil de alta peligrosidad, además de que pesaba sobre ellos una petición de extradición a Estados Unidos, en dos casos, desde 2017, y uno del año pasado.

Félix Beltrán ingresó al Reclusorio Sur el 28 de octubre de 2017, con fines de extradición, por los delitos contra la salud y asociación delictuosa, entre otros; el 3 de noviembre se logró su traslado al penal del Altiplano, pero regresó al penal capitalino por orden del juez federal Marcos Vargas Solano.

Meza González ingresó al Reclusorio Sur el 10 de noviembre de 2017, por órdenes del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, bajo procedimiento por los delitos de asociación delictuosa e introducción de sustancias controladas a Estados Unidos.

En el caso de Ozuna Navarro, también conocido como Julio César Estrada Montaño, Rubén o Julio, ingresó el 12 de octubre de 2019 a dicho reclusorio por el delito de asociación delictuosa, lavado de dinero y distribución de sustancias controladas en los Estados Unidos, precisó la funcionaria.

La presencia de 70 reos con perfil de alta peligrosidad en los reclusorios capitalinos, en los que hay tres mil 400 presos por delitos federales, ha puesto en riesgo la seguridad de las personas privadas de la libertad que se encuentran ahí y afecta, por supuesto, la gobernabilidad, señaló Rodríguez.

Por esa circunstancia se ha insistido en el traslado de esos internos.