Defensores de derechos humanos y activistas condenaron la agresión de agentes de la Guardia Nacional a los migrantes centroamericanos la semana pasada en la frontera sur mexicana. El viernes 24 Elizabeth Throssell, vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, también expresó su rechazo al uso de la fuerza contra los integrantes de la caravana integrada sobre todo por hondureños. Para Melisa Vértiz, del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, México muestra hoy “la peor cara de la política migratoria a lo largo de su historia”.
Ante la primera caravana de migrantes de 2020, el gobierno federal reforzó las medidas de seguridad a lo largo de los 965 kilómetros de la frontera sur del país para frenar la entrada de indocumentados centroamericanos –en particular los procedentes de Honduras– que intentan llegar a Estados Unidos atravesando territorio nacional.
Efectivos de la Guardia Nacional (GN), del Instituto Nacional de Migración (INM), así como de la Marina y de la Policía Militar formaron un muro de contención casi impenetrable en la localidad del Ceibo, en Tenosique, Tabasco, y el Suchiate, en la zona baja del Soconusco de Chiapas.
En esos puntos, agentes migratorios y de la GN frenaron a los casi 5 mil integrantes de la caravana de centroamericanos. Y empezó la cacería contra quien intente desplazarse hacia la frontera con Estados Unidos.
El viernes 24 ya habían sido deportadas 867 personas; 627 de ellas vía aérea y 240 vía terrestre. Ese mismo día en Ginebra, Suiza, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, expresó su rechazo al uso de la fuerza perpetrada por la GN contra los migrantes centroamericanos.
En rueda de prensa, Elizabeth Throssell, portavoz de la ACNUDH, expresó que “el uso de la fuerza para detener o dispersar migrantes –en este caso de las caravanas– debería ser evitado, incluyendo el uso de armas no letales”.
Y añadió: “El uso de la fuerza –y esto incluye el uso de fuerza menos letal– tiene que ir en línea con los principios de necesidad, proporcionalidad y contención”.
Andrej Mahecic, vocero del Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), apoyó lo dicho por la oficina de Bachelet y agregó que es indispensable que las autoridades mexicanas recuerden que “están sujetas a leyes internacionales en lo que se refiere a las normas de protección de refugiados”.
Según Mahecic, “cualquier persona que afirma huir de la violencia, que teme por su vida o corre peligro y clama por asilo, tiene derecho a solicitarlo y se le debe autorizar para permanecer en el territorio en donde lo pide”.
Claudia León, del Servicio Jesuita de Atención a Migrantes, así como miembros del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, integrado por organizaciones civiles y activistas defensores de derechos humanos, consideran que, literalmente, “hay una cacería humana”.
Los patrullajes en hoteles y posadas en la plaza central de Tapachula, donde siempre se concentran los centroamericanos, se han multiplicado. Esta persecución policiaca militar por parte del Estado mexicano sólo traerá que los migrantes busquen vías de mayor riesgo para intentar llegar a Estados Unidos. Y eso sí, con cuotas más altas que impongan los traficantes de personas; en ese negocio muchos agentes federales de migración son los beneficiados, sostiene León.
La activista asegura que el gobierno mexicano ha sido indolente con el fenómeno de la migración y que tiene la falsa idea que de que todo se reduce a generar empleos en los países centroamericanos, cuando la realidad es otra y no la quieren ver.
El acoso
Melisa Vértiz, del Grupo de Trabajo de Política Migratoria, una red de la sociedad civil formada por organizaciones y personas que trabajan a favor de los derechos de los migrantes, asegura que en la frontera sur mexicana se está registrando “la peor cara de la política migratoria que haya tenido México a lo largo de su historia”.
Es lamentable que México haya cedido ante Estados Unidos su política migratoria a cambio de cero aranceles y demás sanciones comerciales. La estrategia de contención y control migratorio –comenta– está ahora al servicio de la política migratoria estadunidense expandida de forma extraterritorial hasta la frontera sur mexicana.
Vértiz, quien ha estado en la zona de campo observando este fenómeno social migratorio, insiste en que México ha pasado de su política de puertas abiertas a una de violación sistemática a los derechos humanos de los migrantes; lo peor, acosa y fustiga ahora a los defensores de derechos humanos.
Dice que el gobierno mexicano no ha cumplido todavía con muchos lineamientos del “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular”, malinterpreta a su conveniencia esos tres principios de “segura, ordenada y regular” y se pasa por alto el derecho a pedir a asilo o refugio de cada uno de los migrantes que así lo solicitan.
Ahora no hay visa por razones humanitarias, ahora el gobierno está aplicando una política de deportación masiva fast track sin tomar en cuenta que muchos migrantes, al regresar a su país, podrían perder la vida por la inestabilidad y las amenazas que han recibido, según cuentan ellos mismos.
Dice que es urgente pasar de una política de seguridad nacional a una de seguridad humana; las redadas, la política del garrote y del gas lacrimógeno no deben imperar.
Con su política de criminalización de la migración, refiere Vértiz, el gobierno de López Obrador manda un mensaje muy negativo que se replica en la sociedad mexicana, donde hay ya un rechazo al migrante, un discurso de odio y discriminación como el que sufren los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Es urgente, comenta, que el Congreso de la Unión asuma un papel de contrapeso y deje de avalar todas las políticas públicas, incluso represivas, del Ejecutivo. Según ella, la crisis humanitaria que se vive en la frontera sur debe ser un llamado a reformar las leyes migratorias y armonizar otras para tener una política más humanitaria y menos lesiva hacia los migrantes.
Luis Rey García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, e Irineo Mujica, del organismo Pueblos Sin Fronteras, han sido gaseados igual que los migrantes, por acompañar a quienes integran las caravanas.
Ambos han sido perseguidos y encarcelados; incluso han sido señalados de lucrar con el fenómeno migratorio, pero no se intimidan.
El jueves 23 García Villagrán estaba con los miembros de la caravana de migrantes, ayudándoles a llenar un formato de solicitud de refugio ante la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Secretaría de Gobernación.
Ya se habían elaborado mil 118 solicitudes; incluso Alma Delia Cruz Márquez, de la Comar, y Paola López Rodas, del INM, habían acordado los trámites. Sin embargo, todo se vino abajo con la cacería.
“Hubo una represión terrible y salvaje por parte de la Guardia Nacional, del Ejército y de elementos del INM. De tal manera que hay muchos heridos, incluso un niño, al que se llevaron inconsciente los paramédicos”, dijo García Villagrán.
Acusó al gobierno de López Obrador de tener un doble discurso, pues por un lado ofrece puertas abiertas con una migración regularizada, ordenada y segura, pero por otro lado recurre a la represión y deportación masiva.
Desplazamientos forzados
Mujica, quien ha visto actuar a presuntos agentes del Departamento de Seguridad de Estados Unidos con uniformes del INM, asegura que la política migratoria está ahora en manos del gobierno de Estados Unidos.
Y añade: “El gobierno de López Obrador hace el trabajo sucio del gobierno de Estados Unidos, hace el papel de Border Patrol y, lo que es peor, le ayuda en su campaña de relección a Donald Trump.
Salva Lacruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova Ordóñez, asegura que desde abril del año pasado la cuestión migratoria se le complicó al gobierno federal.
“Hay todo un aparato policial y militar para perseguir, detener y deportar personas. Todo apunta a que las cosas no van a mejorar, y que a México le toca cumplir el papel de guardián de la frontera. Eso no va a cambiar mientras Trump esté en el poder y López Obrador también”, dice
Y lo que es peor, tampoco cree que la realidad de las personas centroamericanas vaya a cambiar; la migración va a seguir.
“Aunque más que migración es un desplazamiento forzado, la gente huye para salvar su vida”, señala Lacruz.
Explica que las personas siempre vienen con la esperanza de que van a encontrar una mayor certeza y seguridad en sus vidas y para familias enteras, pero vienen y se encuentran con otra terrible pesadilla, son deportados de inmediato.
A diferencia de la oleada humana del 20 de octubre de 2018, esta vez sólo algunos centroamericanos lograron ingresar por El Ceibo, pero fueron interceptados y deportados. La mayoría de los migrantes se concentraron en el río Suchiate desde el sábado 18, pero incursionaron en territorio nacional el lunes 20.
Y aunque lograron avanzar varios kilómetros sobre la carretera hacia Tapachula, fueron interceptados. Desarticulada la caravana, algunos de sus integrantes fueron detenidos y llevados a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.
El viernes 24 burlaron a la GN y a los agentes del INM y avanzaron hacia el puente fronterizo Suchiate 2, dos kilómetros arriba de donde hacían guardia los uniformados. Ahí esperaron varias horas para avanzar, pero los efectivos de la GN los atacaron con gas lacrimógeno y desarticularon el contingente. Varios centroamericanos fueron detenidos y enviados a la Estación Migratoria Siglo XXI.
En la zona Costa-Soconusco de Chiapas, un importante corredor migratorio, así como en Palenque y Comitán, la GN y los agentes del INM instalaron retenes migratorios y comenzaron a patrullar las calles en las principales ciudades fronterizas, las vías del tren, los parques y plazas centrales en busca de centroamericanos.
Fuente: Proceso
