María Anabela Carlón Flores, abogada de los yaquis que luchan contra la construcción del gasoducto en Loma de Bácum, Sonora, fue secuestrada el 13 de diciembre junto con su esposo.

“Nos dijeron que ya nos dejáramos de chingaderas”, dijo la activista en entrevista con SinEmbargo. También responsabilizó a las autoridades de lo que le pudiera ocurrir a su marido, Isabel Lugo Molina, que continúa secuestrado.

El pueblo Yoreme (yaqui) se encuentra en resistencia contra la construcción del Gasoducto “Agua Prieta” de IEnova, una compañía de energía privada subsidiaria de la estadounidense Sempra Energy que inició la construcción sin permisos en tierras de la comunidad. En abril, los yaquis presentaron una demanda de amparo y habían ganado la suspensión oficial de la obra que fue paralizada hasta octubre, mes en el que la empresa reanudó la construcción.

El secuestro ocurrió este martes poco después de las siete de la tarde. Tres vehículos: una camioneta Chevrolet color blanca, un Sedán color oro y otro automotor, interceptaron el automóvil en el que viajaban la abogada y su esposo por la carretera entre el municipio de Bácum y Loma de Bácum en Sonora.  Sujetos encapuchados obligaron a la pareja a bajar de su mueble y a subir al coche dorado donde les taparon el rostro con unos “cubre-sol”, narró a SinEmbargo la activista yaqui. 

“Nos dijeron grosería y media, nosotros ni siquiera hablamos, después les llamaron a ellos por teléfono, preguntan nuestros nombres y nos dicen que dejáramos de hacer chingaderas”.

Tanto la comunidad yaqui como la activista han sido víctimas de amenazas a raíz de las acciones legales y actos que emprendieron en contra de la construcción del gasoducto en el estado de Sonora. Cesáreo Cota Tórtola, líder de Loma Guamuchil, Sonora, así como funcionarios del gobierno estatal y de la Secretaría de Gobernación han emitido mensajes intimidatorios para frenar la demanda de amparo, así lo denuncia la abogada.

La denuncia impuesta ante el Ministerio Público local fue procesada durante la noche del 13 de diciembre y la mañana del 14 se presentó la querella ante la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República (PGR).

Fuente: Plumas Atómicas