Cuando Sandra aceptó rentar su vientre por más de 150 mil pesos pensó que el dinero no le caería mal, podría dejar su trabajo como cajera de un supermercado y así pasaría más tiempo con su hija de seis años. El nombre real de Sandra fue modificado a petición de ella y por su seguridad.

Era una tarde de junio y la mujer de 22 años estaba en la banqueta de su casa, en la colonia Azteca, en la periferia de Mazatlán, cuando su mejor amiga le platicó a ella y a otras mujeres que la dueña de una joyería en una zona exclusiva estaba en busca de alguien que "se dejara meter un bebé por 150 mil pesos". Sandra levantó la mano.

Un par de semanas después, sin haberse practicado ninguna prueba médica, la joven le envió documentos oficiales por WhatsApp a alguien que se identificó como la amiga de la pareja que buscaba un vientre en alquiler.

A los tres días, una mujer de 26 años se bajó de una camioneta negra último modelo y tocó la puerta de la casa de la mamá de Sandra.

Era muy bonita, se veía que era una persona que sí... no como yo. Aquí las personas somos muy parecidas o tenemos vidas similares de trabajar, ella se veía una muchacha bien, sencilla", cuenta del día que conoció a la mujer que le pagó por tener a sus hijas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta práctica es parte de las técnicas de reproducción asistida (TRA).

A las mujeres que rentan su vientre a terceros, en este caso Sandra, se les conoce como madres gestantes.

En el argot coloquial de quienes se dedican a promover esta práctica, la mujer que alquila un vientre se le llama "madre de intención" o "solicitante". No obstante, especialistas que han analizado este ejercicio han renombrado el proceso como explotación de mujeres con fines reproductivos.

"Mi mamá le empezó a hacer preguntas: ‘Oye, ¿y por qué quieres hacerlo?’, y ella dijo: ‘Lo que pasa es que no tengo matriz, no tengo un ovario. Y mi mamá le preguntó si no tenía primas o un familiar que le hiciera el favor, ‘para que no pagues’, y ella contestó: ‘Sí tengo, pero son más chicas que yo y están haciendo su vida y no puedo’".

Sandra no leyó el documento que firmó, sólo supo que por todo el procedimiento le darían 180 mil pesos, 30 mil más de lo que le habían ofrecido al inicio. Ese día, su esposo le preguntó quién era esa persona, y ella respondió que era una nueva amiga, pero él le señaló que ella no tenía amistades con "esas camionetotas".

La solicitante, una mujer de 26 años residente de una privilegiada colonia en Mazatlán, le pidió que comenzara a tomar estrógenos y a inyectarse hormonas en el vientre.

En el caso de Sandra no se siguieron todos los procesos legales. De entrada, ella tenía 22 años cuando firmó el contrato y la edad mínima, de acuerdo con la legislación estatal, es de 25.

Además, debido a que la familia de la solicitante tenía relación con otros médicos, llevaron a Sandra a Guadalajara a realizarle la transferencia de óvulos fecundados en una clínica privada. La práctica no está regulada en Jalisco.

Una vez que concluyó el procedimiento médico, mientras Sandra, la solicitante y su madre platicaban en una cafetería, escuchó que existía la posibilidad de que fuera un embarazo doble, ya que le habían colocado dos embriones, aunque a Sandra jamás le preguntaron si estaba de acuerdo.

Una vez terminado el ciclo de transferencia de embriones, los médicos le advirtieron a Sandra que no podría estar de pie por varios días, así que tuvo que renunciar a su trabajo en el supermercado, donde ganaba 4 mil 200 pesos al mes. De vuelta en Sinaloa, la solicitante le aclaró a Sandra que no le pagaría hasta que la prueba de embarazo resultara positiva.

Nerviosa por la incertidumbre económica y laboral, Sandra se hizo un examen de sangre que dio positivo, ahí también supo que tendría gemelos. En ese momento, le entregaron la primera de las mensualidades de 15 mil pesos que recibió durante el embarazo, un ingreso 72% más de lo que habría ganado con su empleo anterior.

La solicitante le informó que todos los pagos serían en efectivo y los 45 mil pesos restantes se los daría una vez que nacieran las bebés. Con ese dinero, Sandra liquidó sus deudas.

El parto de Sandra se tuvo que adelantar porque comenzaba a desarrollar preeclampsia. Debido a la premura, el médico que la atendería no estaba disponible. Querían que ella entrara al hospital bajo el nombre de la solicitante, así las bebés se registrarían como sus hijas biológicas. Sin embargo, los médicos de guardia y las enfermeras del hospital Sharp se negaron.

Sandra parió a dos niñas por cesárea, pero no la dejaron que las viera. En cambio, le pidieron que se extrajera tanta leche como pudiera durante dos días a cambio de 3 mil pesos más.

A los dos días del parto, Sandra fue requerida por la solicitante en las oficinas de un notario en Mazatlán para que cediera la custodia de las bebés.

A las semanas de haberse recuperado, Sandra fue a conocer a las bebés, dos niñas rubias de ojos claros, pero como rompió en llanto, la solicitante no dejó que las viera más.

Ahora sólo las observa a través de las historias de Instagram de la solicitante. Ese es el único contacto que tiene con las niñas, a quienes en ocasiones se refiere como sus "hijas".

"Las veo que crecen y me siento triste, pero no porque las quiera conmigo, porque, de entrada, yo no podría mantenerlas, sino porque al final ellas son mis hijas, postizas, porque no llevan mi sangre, pero vivieron dentro de mí", mencionó Sandra.

Fuente: El Universal