Dicha información, encontrada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), coincide con datos de la plataforma COMPRANET en donde, de diciembre a junio, se han registrado 76 mil 613 contratos, de los cuales el 77.4% se entregaron de manera directa y solo el 15.9% con licitación abierta.

Según la investigación de MCCI, Andrés Manuel López Obrador asigna directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales, continuando así con la tendencia de sus antecesores, toda vez que entre 2010 y 2018, en promedio, el 72% de los contratos se dieron de manera directa y solo el 14.5% por licitación pública.

Felipe Calderón tuvo su pico más alto en 2010, año en el que otorgó el 86.7% de los contratos por adjudicación directa. En tanto que el expresidente, Enrique Peña Nieto, hizo lo propio con el 77.8% de los contratos en 2017.

El contexto actual contradice el discurso del presidente López Obrador durante los meses previos al inicio de su mandato, cuando señaló la importancia del “acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras y de servicios públicos”.

Aunado a esto, la adjudicación directa contradice lo establecido en la Constitución, en la cual se plantean a las licitaciones públicas como la norma oficial para otorgar contratos.

Si bien la Ley de Adquisiciones permite la adjudicación directa de contratos, aclara que ésta debe ocurrir solo como excepción y bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, ante una situación de emergencia, cuando los bienes o servicios deben adquirirse rápidamente y no se puede esperar al desarrollo de un concurso, como una catástrofe natural.

También se pueden otorgar contratos directos cuando apenas hay un proveedor en el mercado que pueda cumplir un bien o servicio, o cuando se trata de servicios relacionados con seguridad nacional.

Fuente: Animal Político