El expresidente Enrique Peña Nieto rechazó este martes los señalamientos sobre que recibió un supuesto soborno para autorizar la compra de Fertinal.

“Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este martes, El Universal publicó que Peña Nieto es investigado por autoridades estadounidenses por un presunto soborno relacionado con la compra-venta de la planta de fertilizantes Fertinal, hecha por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según lo publicado por el medio, el objetivo del pago a Peña Nieto fue para que autorizara la compra de dicha empresa con un sobreprecio, que terminó por afectar el erario público y de la petrolera.

El Universal señaló que recibió la información por parte de un “informante”.

Al respecto se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que el Gobierno dará el mismo trato a todas las personas si la administración estadounidense pide información sobre Peña Nieto.

“A todos (se dará el mismo trato), no puede haber impunidad”, manifestó.

Al ser cuestionado sobre si tenía conocimiento sobre las acusaciones hechas contra el expresidente, López Obrador señaló que no había leído la nota.

“No sabemos, pero está abierta la investigación”, agregó.

El mandatario indicó que era “muy difícil” que los expresidente no se enteraran de compras como la de Fertinal.

En enero de 2016, Pemex, a través de su subsidiaria Pemex Fertilizantes, compró Fertinal, principal productor de fertilizante fosfatado en Latinoamérica, en una operación muy cuestionada por tratarse de una empresa que operaba por debajo de su capacidad a un precio alto.

En el momento, la petrolera informó: "Este proyecto considera una inversión de hasta 255 millones de dólares por el capital de la empresa, incluyendo los activos existentes tanto en la Unidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como en la mina de roca fosfórica ubicada en San Juan de la Costa, Baja California Sur".

La Auditoría Superior de la Federación determinó que en la operación existió un sobrecosto de 620 millones de pesos.