CIUDAD DE MÉXICO — Después de su amplia victoria del año pasado, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió una gran transformación del país, a su juicio comparable con la independencia de España y la Revolución mexicana.

Pero cinco meses después de iniciar su mandato, el nuevo México que afirma estar construyendo se parece mucho al viejo México que juró dejar atrás.

La corrupción fue un tema importante para López Obrador durante su campaña, se trata de un flagelo nacional que prometió erradicar. Sin embargo, desde que asumió el cargo no ha anunciado procesamientos importantes de funcionarios públicos u otras figuras destacadas por cargos de corrupción.

Más allá de eso, en sus primeros tres meses, su gobierno adjudicó más del 70 por ciento de sus contratos directamente, sin licitaciones, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una organización de periodismo de investigación, lo cual simboliza un fuerte cambio en la promesa de López Obrador de romper con esa tradición de la política mexicana.

En cuanto a la seguridad, otro tema fundamental para México, durante la campaña prometió retirar a los militares de las calles, con lo que cambiaría una polémica estrategia de lucha contra el crimen que ha ocasionado abusos generalizados contra los derechos humanos.

Sin embargo, López Obrador terminó por garantizar el papel del ejército en la seguridad nacional, mientras que las tasas de homicidios en México alcanzan sus mayores niveles en más de dos décadas.

En lo que respecta a la migración, López Obrador comenzó su mandato dándoles la bienvenida a los migrantes que se dirigían al norte y criticó el enfoque de aplicación de la ley del gobierno anterior. Pero recientemente, su gestión ha adoptado una línea más dura y ha aumentado la detención y deportación de personas provenientes de Centroamérica, y de otros países, que ingresan a México.

Lejos de contrarrestar las duras medidas tomadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, a lo largo de la frontera, el presidente mexicano a menudo las respalda, quizá para evitar una pelea con su socio comercial más importante.

“Hace unas declaraciones grandilocuentes: ‘El neoliberalismo ha terminado’, ‘La corrupción ha terminado’”, dijo Carlos Bravo Regidor, un analista político en Ciudad de México. “Está más preocupado por comunicar un intenso mensaje de cambio que ocupado en la difícil labor de lograr que ocurra ese cambio”.

López Obrador también ha alarmado a muchos mexicanos por sus amenazantes declaraciones contra los medios de comunicación, incluidas sus advertencias de que los reporteros deben “portarse bien” o al decir: “Si ustedes se pasan pues ya saben lo que sucede”. Una advertencia ominosa en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Al menos seis periodistas han sido asesinados desde que empezó el actual gobierno.

El pasado fin de semana, unos seis mil manifestantes salieron a las calles para pedir la renuncia de López Obrador, frustrados por su lenguaje polarizante y desconfiados por las políticas de su gestión.

Sin embargo, el mandatario sigue siendo muy popular en el país: la encuesta más reciente ubica su índice de aprobación por encima del 60 por ciento. Esto se debe en gran medida a que entiende la distancia histórica que existía entre los gobernantes de la nación y su pueblo, y se ha comprometido a cerrar esa brecha.

López Obrador puso en venta el avión presidencial y ahora usa vuelos comerciales para trasladarse por todo el país. Convirtió el palacio presidencial en un centro cultural público. Recortó los salarios más altos de los empleados públicos y aumentó los más bajos, y ha dicho que todos los funcionarios públicos están obligados a declarar sus bienes y posibles conflictos de interés.

Estas acciones reflejan su interés por los ciudadanos de a pie, una rareza entre los líderes del país cuyos excesos e indiferencia han sido viejas tradiciones de la política mexicana.

Un portavoz del presidente dijo que el nuevo gobierno también ha impulsado otros cambios, como la reforma constitucional que clasifica a la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral como delitos graves. Según la oficina del presidente, están previstos más cambios legislativos en áreas como la legislación laboral y la educación.

López Obrador también ha anunciado una amplia gama de nuevos programas para los pobres, una promesa central de su campaña. Ha dicho que si tiene éxito, sus programas podrían sacar a unas veinte millones de personas de la pobreza durante su sexenio, a pesar de las preguntas generalizadas sobre cómo pagará todas esas iniciativas.

“Por primera vez en décadas hay un presidente que le habla a la mayoría de mexicanos que no solo se sienten excluidos sino menospreciados”, dijo Carlos Heredia, profesor asociado del CIDE, una universidad de Ciudad de México.

El nuevo presidente también tiene la mayoría en ambas cámaras de la legislatura lo que le otorga una gran ventaja. Como la oposición está dividida, hay pocos controles sobre su poder y eso le da una gran libertad para cumplir su agenda, pero también ha ocasionado que los críticos se preocupen por su actitud combativa.

Su dominio político se mostró al principio de su mandato cuando canceló un proyecto aeroportuario de 13 mil millones de dólares, una decisión que le costó caro a la nación porque los tenedores de bonos que lo respaldaron fueron recompensados.

Pero López Obrador se ha ganado a muchos mexicanos con su inusual disponibilidad, en particular por las conferencias de prensa televisadas que realiza todas las mañanas a las siete de la mañana.

Desde su podio responde a las preguntas sobre los eventos del día y habla de todo, desde la infraestructura hasta el beisbol. Por el contrario, su predecesor, Enrique Peña Nieto, solo realizó unas pocas conferencias de prensa en todo su mandato.

Estas sesiones también muestran el lado errático de López Obrador: sus susceptibilidades, sus desplantes y su tendencia a contestar con largos y confusos monólogos.

Sus múltiples quejas públicas han hecho que sus partidarios también ataquen a los periodistas, lo que ha causado un gran desconcierto en muchos de ellos.

“No solo le está mandando este mensaje a la gente, también se lo está mandando a los gobernadores y presidentes municipales en todo el país”, dijo Juan Pardinas, director del diario Reforma, uno de los blancos favoritos del presidente. “Ese tipo de ataques tienen un efecto en cascada”.

El gobierno describe estas confrontaciones como una dinámica sana que debería ser normal para cualquier líder elegido democráticamente. Después de todo, los medios “critican al gobierno y ejercen su derecho a disentir”, dijo la oficina de prensa del presidente en un comunicado. “Y, de la misma manera, nosotros respondemos y discutimos diariamente sin odio ni rencor”.

Por supuesto, todavía son los primeros días de su gestión e incluso sus críticos reconocen que a cualquier persona le llevará tiempo resolver los profundos problemas de México.

López Obrador dice que su gobierno ya está solucionando problemas, incluso la violencia desenfrenada del país. “Hemos controlado la situación, según nuestros datos”, dijo en una conferencia de prensa a mediados de abril. El número de asesinatos, dijo, “no ha aumentado”.

No quedó claro si tenía en su posesión datos diferentes a los publicados por su gobierno, que muestran que los homicidios en 2019 van a un ritmo superior al de 2018, el peor año desde que el gobierno comenzó a publicar las estadísticas.

La estrategia del mandatario para combatir la violencia también se parece a las políticas anteriores que él denunciaba.

Los dos últimos gobiernos autorizaron a los militares a liderar la lucha contra los narcotraficantes, un enfoque que no frenó ni el tráfico ni la violencia. Durante la campaña, López Obrador, prometió adoptar un enfoque diferente.

Luego, poco antes de asumir el cargo, pareció cambiar de opinión y propuso una nueva fuerza de seguridad bajo el mando militar compuesta por personal militar y la policía federal para combatir el crimen en todo el país.

Aunque la fuerza, llamada Guardia Nacional, ahora estará bajo control civil y ningún comandante será un miembro militar activo, algunos críticos cuestionan si el nuevo enfoque es solo un cambio de nombre de la vieja estrategia.

El gobierno dice que debe actuar de inmediato para reducir la violencia. Para salvaguardar los derechos humanos, un punto históricamente débil para los militares, las autoridades dicen que firmaron un acuerdo con las Naciones Unidas para la capacitación.

En términos generales, los funcionarios sostienen que las inversiones en programas para atacar los orígenes del problema, la pobreza y la falta de oportunidades, también forman parte de la estrategia de seguridad nacional del presidente.

Algunas de las políticas de López Obrador parecen estar inspiradas en el pasado.

En política energética, por ejemplo, planea gastar miles de millones de dólares en una refinería, apostando a la solvencia financiera de su país en la búsqueda de lo que él define como la soberanía energética. Algunos analistas sostienen que el presidente quiere regresar a la época en que los gobiernos de todo el mundo impulsaban a las empresas nacionales de energía que eran vistas como una fuente de orgullo nacional y motores para el desarrollo.

“Es un presidente de los años sesenta que ha sido lanzado al presente”, dijo Jorge Chabat, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara. “El principal problema de López Obrador es que nació con 50 años de retraso”.

En vez de continuar con la apertura a la inversión privada en el sector energético que comenzó su predecesor, el mandatario la ha detenido. Ahora, está gastando dinero público en un intento por restablecer el dominio de los dos gigantes estatales de energía, la compañía petrolera Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

“Creo que hay mucha ideología detrás”, dijo David Shields, editor de Energía a Debate, una revista de la industria energética, “quieren ir en una dirección nacionalista”.

Los analistas de energía dicen que la estrategia será costosa e improductiva, particularmente en Pemex, que lucha con una deuda de más de 100 mil millones de dólares mientras que la producción de petróleo se acerca a su nivel más bajo en cuatro décadas.

La migración es una de las áreas en las que el nuevo presidente ha tomado decisiones controversiales.

Al asumir el cargo en diciembre, López Obrador prometió tener un enfoque humanitario hacia los migrantes, alejándose de las políticas más rígidas implementadas por su antecesor, Enrique Peña Nieto.

En enero, en lo que tal vez haya sido su iniciativa más arriesgada, su gobierno comenzó a ofrecerles a los migrantes centroamericanos una visa humanitaria de un año de duración que les permite trabajar y viajar a cualquier lugar de México. Pero, en cuestión de semanas, la generosidad se detuvo en seco.

Después de que más de 13.000 personas solicitaron el permiso (muchos dicen que se animaron a viajar a México al enterarse de la existencia del nuevo programa) la iniciativa fue cancelada.

Desde entonces, la gestión de López Obrador ha adoptado una línea cada vez más dura contra la migración indocumentada, aparentemente en respuesta a la presión del gobierno de Donald Trump y de las comunidades mexicanas abrumadas por el flujo de migrantes de América Central y otros lugares.

López Obrador dice que sigue comprometido con tratar a los migrantes con dignidad y planea invertir miles de millones de dólares en el sur de México y Centroamérica para abordar la pobreza que impulsa a las personas a buscar oportunidades económicas en otros lugares.

Y aunque asegura que no está cediendo a las presiones de Trump, pocos le creen.

“El debate entre complacer a Trump y ser coherente con los derechos humanos y la política migratoria humanitaria ha definido la respuesta de este gobierno a la migración”, dijo Heredia, del CIDE.

Fuente: The New York Times