Ante la falta de justicia por parte del Estado mexicano, el Ombudsman de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, demandará mañana ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) al ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y al ex Gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz por las detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas policiacas y grupos armados ilegales durante las movilizaciones sociales de 2006 y 2007 en la entidad sureña con altos índices de pobreza.

La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente universal de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad (genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra).

El señalamiento se sustenta en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la investigación y el dictamen de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, entre otros documentos, con pruebas y testimonios de las víctimas de violación a sus derechos humanos.

Flavio Sosa expuso que se acudió a la Corte Penal Internacional ante la negligencia de las autoridades mexicanas y falta de acción al tratarse de señalamientos directos a dos ex Presidentes panistas y a un ex Gobernador influyente que actualmente busca la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Esperan que la denuncia sea admitida y se convoque a los testimonios de las víctimas, se investigue y se determinen las responsabilidad correspondientes por las violaciones masivas y sistemáticas para que haya sanciones.

“Están agotadas todas las vías en Oaxaca, se acudió incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la CNDH, a la PGR, a las Procuradurías locales, y no se ha hecho justicia en México”, acusó. “En virtud de que el Estado mexicano no ha garantizado justicia ni reparación de daño, no se sabe dónde están los desaparecidos, jamás se castigó a los responsables de tortura”.

Ulises Ruiz, ex Gobernador oaxaqueño (2004-2010), aspira a la dirigencia nacional del PRI, actualmente presidida por Claudia Ruiz Massieu.

“El señor es un criminal, cometió crímenes de lesa humanidad. Que el PRI haga su valoración correspondiente, igual es el presidente que necesita”, ironizó Sosa.

El Ombudsman oaxaqueño será acompañado a las 10 horas local del jueves por Emeterio Marino Cruz (quien se mueve con dificultad), César Mateos, Germán Mendoza Nube, víctimas de detención arbitraria y tortura; Diego Enrique Osorno, periodista ex miembro de la Comisión de la Verdad de Oaxaca; y Flavio Sosa Villavicencio, vocero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y víctima de detención por casi dos años.

“La denuncia es contra el Estado mexicano en virtud de que se ha denegado justicia a las víctimas de más de 20 asesinatos, centenares de personas torturadas y encarceladas injustamente y de dos desapariciones. Se prueba en el documento la tortura y la violación sistemática de los derechos humanos en el estado de Oaxaca por parte del gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y Ulises Ruiz”, aseguró vía telefónica desde La Haya, Flavio Sosa.

“En el caso de los desaparecidos, sus familiares siguen demandando justicia, y hay fallos de que se abran los expedientes. Pero no se sabe dónde están. Y en el caso de los que fueron torturados no se les ha reparado el daño ni fincado a los responsables”, añadió.

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD

La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), que inició en septiembre de 2014 a la par del caso de Ayotzinapa, emitió un informe en 2016 para revelar –basado en testimonios de víctimas, informantes y presuntos perpetuadores– los crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades mexicanas y grupos armados ilegales.

Oaxaca, uno de los estados con los índices más altos de pobreza, vivió en 2006 la irrupción de un movimiento social que inició con las demandas del magisterio de la sección 22 para luego convertirse en catalizador de la inconformidad de amplios sectores de la población oaxaqueña en contra de un Gobernador priista que desembocó en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), contextualizó el estudio.

En 2006 el hartazgo se reflejó en un masivo plantón en el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, toma de instituciones públicas, retención de autobuses de pasajeros y de vehículos gubernamentales, bloqueos en calles, avenidas y autopistas, toma de Palacios Municipales, paros sindicales en adhesión con la APPO y marchas masivas. Esto “generó una reacción en contra del movimiento por parte de las diversas fuerzas policiacas, incluido el ámbito federal, pero también del surgimiento de grupos armados ilegales”.

El informe detalló que estos grupos armados ilegales se fueron integrando con policías vestidos de civil, con porros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) al servicio de políticos y líderes del PRI, y presos.

“El 14 de junio de 2006 es la fecha que marca un antes y un después no solo para Oaxaca, sino para todo México. Desde aquella represión brutal a la libre manifestación en el zócalo oaxaqueño hasta la actualidad, a lo largo de México se despliega una línea continua de impunidad y dolor”, determinó la CVO.

En el contexto del conflicto social oaxaqueño de 2006 y 2007, ocurrieron 28 muertes, de las cuales 24 fueron en 2006 y tres en 2007, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales de Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Arcadio Fabián Hernández, Alejandro García Hernández, Bradley Ronald Will ( reportero gráfico del centro de medios independientes Indymedia Nueva York), Emilio Alonso Fabián, Jorge Alberto López Bernal, y Raúl Marcial Pérez.

Asimismo, se reportaron 97 desapariciones durante el periodo de gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, entre ellos, Lauro Juárez, desaparecido el 31 de diciembre de 2007, miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR); las indígenas triquis Daniela Ortiz Ramírez y Virginia Ortiz Ramírez, desaparecidas el 5 de julio del 2007 y otros miembros del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Sergio Bautista, miembro de la Unión Campesina Democrática (UCD) junto con Alberto Santiago Velásquez, desapareció el 20 de abril del 2008.

Fuente: Sinembargo