La mañana del 21 de febrero los senadores de todos los partidos anunciaron, en medio de un ambiente de euforia, que se había alcanzado un consenso para crear una Guardia Nacional bajo un mando completamente civil. Un borrador del dictamen, difundido unos momentos antes por algunos legisladores y firmado por los líderes de las bancadas, incluía en sus artículos transitorios un enunciado que confirmaba lo anterior. 

“No encontrarse en activo en la fuerza armada permanente” se señalaba en los requisitos mínimos que deberían cumplir los integrantes de la Guardia.

Pero antes de llegar a la votación en el pleno, ese renglón del documento desapareció. Ni el dictamen difundido en la página del Senado ni en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación lo incluyó. El colectivo Seguridad Sin Guerra, que había celebrado la aprobación del borrador que incluía ese enunciado, se percató un día después del cambio.

¿Qué sucedió?

Fuentes que participaron en la negociación confirmaron que todo ocurrió durante el transcurso de la noche del 20 a la mañana del 21 de febrero. Indicaron que, en efecto, las modificaciones acordadas inicialmente a la minuta que semanas antes mandaron los diputados añadían la prohibición expresa de tener militares en servicio activo en la Guardia.

Dicha prohibición estaba contenida en el numeral 7 del artículo Cuarto Transitorio de la reforma, donde se establecían las cláusulas que debería incluir la Ley de la Guardia Nacional. Textualmente señala: “Lo requisitos que deberán cumplir sus integrantes, entre los que deberá estar no encontrarse en la fuerza armada permanente”.

Este es el documento completo donde aparece dicha condición:

Cuando dicho borrador fue enviado a los asesores de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Gobernación estos se alertaron por el enunciado. Un emisario de Gobernación se trasladó al Senado donde se reunió con los legisladores que continuaban discutiendo el acuerdo y pidió que dicho párrafo fuera modificado. Esto en el transcurso de la noche.

“Lo que nos dijo, en resumidas cuentas, es que los asesores de Sedena habían advertido que un militar aun cuando pidiera licencia, seguiría siendo un militar en activo. Dejar el enunciado así iba a impedir literalmente el traslado de cualquier elemento de las fuerzas armadas la Guardia Nacional, algo que era prioridad para el presidente y para la Sedena”, dijo uno de los legisladores que estuvo presente.

Las negociaciones se extendieron así hasta la mañana siguiente, aún con el borrador ya filtrado a periodistas y activistas en el que se mantenía la prohibición de militares en activo.

Finalmente, antes de llegar al pleno del Senado en la tarde de ese 21 de febrero, el numeral 7 del transitorio cuarto de la reforma fue modificado desapareciendo la prohibición de que hubiera militares en activo. En su lugar el enunciado quedó de esta forma:

“Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes aplicables…”

Los senadores acordaron hacer esta modificación solicitada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a cambio de que en el apartado de consideraciones del dictamen de reforma (apartado que no aparece en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación) se incluyera un párrafo que indica que los militares que, en su caso sean transferidos a la Guardia, deben pedir licencia.

“Deseamos destacar el acuerdo alcanzado para que en la Ley de Guardia Nacional se establezcan requisitos que deberán cumplir sus integrantes, entre los cuales se trata de elementos provenientes de la Fuerza Armada Permanente. Se requiera haber obtenido licencia para separarse del servicio activo en los términos de las leyes aplicables”, señala el párrafo incluido en las consideraciones.

Pero ni su jefe ni militares transferidos pedirán licencia

Contrario a lo estipulado en el párrafo mencionado, ni el general que fue nombrado como jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en proceso actual de retiro, ni algún otro de los más de 30 mil efectivos de policía militar y naval que se prevé transferir a la Guardia Nacional pedirán licencia.

Así lo confirmó en entrevista con Animal Político en el Senado el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, luego de una reunión privada con legisladores en donde entregó el paquete de leyes secundarias que acompañarán a la Guardia Nacional.

En el caso del general Rodríguez Bucio, el secretario Durazo destacó que él ya no está en activo pues se encuentra en proceso de retiro, por lo que estimó que no habrá ningún problema.

“No será necesario que pida licencia por dos razones. En primer lugar porque su proceso reglamentario de retiro termina en agosto. Pero además una vez que inicia el proceso de retiro seis meses antes, entra ya en esa calificación de retiro. Y al mismo tiempo una vez que asuma la responsabilidad de la Guardia Nacional él sería comisionado” dijo.

Durazo destacó el “gran prestigio a nivel nacional e internacional” con el que cuenta el general Rodríguez Bucio y su trayectoria intachable en más de 45 años de experiencia.

Y cuestionado sobre si los elementos de la policía militar y naval que sean transferidos a la Guardia deberán pedir licencia, el secretario respondió que tampoco será necesario ya que bastará con que sean comisionados a la nueva fuerza.

Así respondió Durazo a la pregunta expresa de si estos efectivos deberán pedir licencia al Ejército y a la Marina:

“No. El hecho de pasar comisionados (a la Guardia) ya lo desvincula de la Secretaría de la defensa Nacional y de la Secretaría de Marina. Y ellos aun cuando sean comisionados podrán regresar luego al Ejército y a la Marina para retomar sus derechos” dijo.

Expertos y legisladores difieren

Consultados por Animal Político, expertos y legisladores consideraron que aun cuando se eliminó la prohibición expresa de nombrar a militares en activo en el dictamen de la Guardia Nacional, la reforma es clara en que se trata de una fuerza de seguridad civil. En ese contexto consideraron que el general nombrado como comandante de esta fuerza sí debe pedir licencia.

El académico Alejandro Madrazo, quien participó en las audiencias públicas, señaló incluso que aun pidiendo licencia el nombramiento de una cúpula militar al frente de la Guardia Nacional no era lo deseable.

“El nombramiento es inconstitucional sino pide licencia o no esté retirado. Es un error de política pública porque continúa y profundiza la militarización calderonista. Y es pésima señal porque habla de un presidente que no respeta ni a la Constitución, ni los acuerdos políticos”, dijo Madrazo.

El senador del PAN Julen Rementería, integrante de equipo del Senado que logró los consensos para la reforma, insistió en que aun cuando se eliminara la prohibición expresa de militares en activo esta nueva fuerza es de orden civil. No obstante consideró que es importante que exista la licencia de los elementos.

“La esencia de Guardia Nacional de carácter civil esa está salvaguardada por su condición y naturaleza civil, pero sobre todo porque cualquier falta tendrá que responderse ante tribunales civiles y nunca militares, en consecuencia (si) el mando pidió licencia y sigue siendo considerado por la milicia activo no hace diferencia respecto frente a quién tiene que comparecer en caso de faltas”, dijo Rementería.

Alfredo Lecona, integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, confirmó que ellos se percataron de la eliminación de la imposibilidad de militares en activo un día después de que la reforma fue aprobada.

Pese a ello, coincidió en que la Guardia Nacional está configurada constitucionalmente como una fuerza civil y no militar. En ese sentido advirtió que el nombramiento de militares que no han pedido licencia afecta la cadena de mando, pues sus superiores jerárquicos no son civiles, sino son los secretarios de Marina y Defensa Nacional.

Fuente: Animal Político