Alrededor de 70 pilotos de la Fiscalía General de la República (FGR) están, desde diciembre, sin recibir asignación y con el riesgo de perder sus trabajos ante la reducción de personal de confianza en el gobierno federal y la venta de helicópteros y aviones de la dependencia.
Estos pilotos de la Dirección General de Servicios Aéreos de la FGR, que llegaron a formar parte de la flota aérea policial más grande de Latinoamérica, han trasladado hasta más de 400 criminales con delitos federales en un año, entre los que estuvieron Joaquín El Chapo Guzmán.
También, han llevado a los militares a las zonas más altas e inaccesibles de las montañas de Guerrero y Oaxaca, en las labores de erradicación de sembradíos de amapola y de mariguana; han integrado operativos para desmantelar narcolaboratorios y han hecho recorridos de vigilancia y patrullaje en las ciudades de mayor peligrosidad del país.
“Nosotros trabajamos arriesgando nuestras vidas. Una vez en un operativo de erradicación de plantíos, los criminales nos pusieron un cable escondido entre las amapolas con la intención de derribar nuestro helicóptero. Ese incidente casi acaba con nuestras vidas”, dice a Excélsior, un piloto que omite su nombre para salvaguardar su identidad.
Entre 2015 y 2017, por ejemplo, recuerda cómo lograron trasladar vía aérea a los militares hacia Reynosa, Tamaulipas, en medio de diversas operaciones, que tenían por objetivo capturar a Juan Manuel Loisa Salinas “Comandante Toro”.
“En Tamaulipas, sobre todo en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, al darle apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, sabemos, por comunicaciones interceptadas, cómo los integrantes de los cárteles amenazaban con derribar a los helicópteros si continuábamos teniendo presencia en el lugar”, afirma.
En Tamaulipas, los pilotos también han acompañado a los soldados en el reconocimiento aéreo para localizar campamentos clandestinos, donde los criminales mantienen secuestradas a las víctimas y a migrantes.
Para los pilotos, el sobrevivir a este tipo de riesgos ha sido sólo gracias a su gran experiencia, (casi el 70% de esta flota lleva más de 20 años sobrevolando plantíos de droga); a los múltiples filtros impuestos por la dependencia, como acreditar mil 500 horas de vuelo (cuando para una licencia de piloto comercial se solicitan 250), a exámenes de control de confianza y a los diversos cursos nacionales e internacionales. Algunos han entrenado en Estados Unidos, Colombia, Francia e Italia.
Hoy el futuro de pilotos de la Fiscalía está en riesgo, porque el contrato de una treintena se vence el próximo domingo 31 de marzo y nadie les ha mencionado sobre renovarlo o indemnizarlos por sus servicios de alto riesgo, de acuerdo con el abogado Rodolfo Martínez, socio de la firma Trusan & Roma.
Tampoco los han invitado a sumarse a la Guardia Civil Nacional y en noviembre, se pusieron a la venta un helicóptero ambulancia Bell 206 y los siete helicópteros Bell UH-1H tipo militar (modelos de entre 1966 y 1971), que fueron parte de la guerra de Vietnam, y que el gobierno de Estados Unidos donó en los años 90 en el sexenio de Ernesto Zedillo, y que se argumentó en las bases de la licitación pública (PGR/DGRMSG/DAI/LP/ENA/05/2018), ya no eran bienes útiles para la PGR.
“Los pilotos en la Fiscalía no estamos de más, como mucha gente pudiera pensar. Somos un sector muy especializado, que además de ser una parte neurálgica en la guerra contra el crimen organizado, creo que nuestra experiencia es necesaria y podría ser de mucha ayuda, por ejemplo, para la vigilancia aérea de los ductos más asediados por los huachicoleros”.
Aunque la mayoría de las labores de los pilotos se han centrado en operaciones militares, también entre 2016 y 2018 fueron los responsables del traslado de órganos del Centro Nacional de Trasplantes (176 en total) a diversos hospitales de todo el país y han estado presentes en desastres naturales, como el terremoto del 19:S.
Fuente: Excélsior
