Todos los documentos históricos relacionados con violaciones de derechos humanos; persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, y con actos de corrupción, que estén en manos de órganos administrativos desconcentrados como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal, tendrán que trasladados al Archivo General de la Nación, donde se harán públicos en un lapso no mayor a 180 días.

Lo anterior fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la petición Gobierno de México que solicitó la apertura de este tipo de expedientes luego de que, en diciembre pasado, la dirección del Archivo General de la Nación no pudo acceder a un apartado vigilado por el Cisen, bajo el argumento de que eran expedientes políticos reservados.

El acuerdo publicado en el DOF establece que: las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal deberán transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de estos documentos “en la forma y términos que establezcan los lineamientos que emita el Archivo General de la Nación”.

A su vez, el Archivo General de la Nación “deberá recibir, organizar, custodiar y conservar estos documentos históricos”.

En su artículo cuarto, el acuerdo plantea que la información transferida por estas dependencias y órganos administrativos “podrá ser consultada por cualquier interesado, de conformidad con el procedimiento que emita el Archivo General de la Nación para tal efecto”.

Este acuerdo, según se lee en el DOF, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, y posteriormente el Archivo General de la Nación tendrá 30 días naturales para emitir los Lineamientos para la transferencia de los archivos.

De esta forma, el acuerdo deberá cumplirse en un plazo de 180 días “contados a partir de la entrada en vigor de este instrumento”.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para lograr este acuerdo al considerar la acción “una reglamentación” para garantizar la justicia en los casos de violaciones a derechos humanos.

El mandatario comentó que en el pasado las autoridades “inventaban cosas y fabricaban denuncias, sobre todo, cuando se trataba de opositores o personas consideradas opositoras al Estado, por lo que siempre habían cosas que no son ciertas”.

Agregó que con este acuerdo cualquier persona tendrá acceso a la verdad y la información se les entregará sin obstáculo alguno.

Convocó a becarios que quieran aprender sobre el manejo de archivos para que a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” se sumen, porque se requiere de personal, pues el archivo fue creciendo y no hay personal suficiente para hacer esta transferencias.