Durante el sexenio de (2012-2018) se llevaron a cabo 'operativos rescate' de migrantes que, en realidad, fueron parte de una estrategia para detener y expulsar a miles de personas, incluso más de las que deportó el gobierno de Estados Unidos en ese periodo. 

Así lo señalan las organizaciones Fundar, Sin Fronteras y AsíLegal en su informe La detención migratoria: Un análisis desde el modelo penitenciario y el gasto público, difundido este martes y en el que destacan que, en la administración pasada, México no solo rompió récord en índices de violencia, sino también en detención y expulsión de centroamericanos.

'(El gobierno) consolidó una política de detención como regla, que ha expulsado a más migrantes a Centroamérica que los mismos Estados Unidos; que renunció a garantizar condiciones decorosas de privación de la libertad en las estaciones migratorias; y que hizo un manejo inadecuado y opaco del gasto', dice. 

Las detenciones

De acuerdo con el informe —que toma cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de Global Detention Project—, de 2013 a 2017 ocurrieron 686,545 detenciones, de las cuales 18.65% fue de menores de 18 años, casi la quinta parte. Además, del total de detenciones, la mayoría, 604,355, concluyó en una devolución al país de origen.

'Con la justificación de la seguridad y la protección ante el peligro generalizado de las rutas migratorias, comenzaron los llamados 'operativos rescate', una cortina de humo para detener y expulsar a miles de personas migrantes', dice.

En la lista de los 12 países con mayor incremento de detención migratoria del Global Detention Project, México se coloca en el segundo lugar, solo después de EU. Según las cifras de esta organización, de 2010 a 2016 en el país casi se triplicaron las detenciones migratorias, pasando de 70,102 a 190,000.

'Estos datos son importantes porque son evidencia de que México está transformando su condición de país de tránsito a la de país de intercepción de migrantes', advierte el documento.

Violaciones a derechos humanos

El informe agrega que, también por primera vez, una cantidad 'abrumadora' de infantes fueron devueltos a sus países, lo que evidencia, dice, una práctica violatoria de derechos y la falta de mecanismos apropiados para la identificación de personas que requieren de protección internacional al no poder regresar a sus países.

Entre las irregularidades en el procedimiento de detención detectadas está la participación de la Policía Federal, aun cuando la propia legislación mexicana establece que esta solo actuará a solicitud expresa del Instituto Nacional de Migración (INM).

Según el informe, 32% de las detenciones de migrantes en tránsito fue por agentes de corporaciones distintas al INM, incluidas las Fuerzas Armadas. 

El 'inexistente' gasto público

El estudio hace hincapié en el gasto público, el acceso a la información gubernamental y la transparencia en materia migratoria.

'Coordinar y mantener las 58 estaciones migratorias y estaciones provisionales representa un gasto enorme, con el cual solo se ha 'logrado' brindar a las personas migrantes detenidas condiciones de vida indignas, incluso degradantes. ¿Cómo es posible que tanto gasto no resulte en mejores condiciones?', cuestionan las organizaciones.

Señalan también que las autoridades mexicanas presentan poca información certera sobre lo que se gasta en la detención migratoria, pues, por ejemplo, los documentos públicos sobre el presupuesto del INM no cuentan con el desglose necesario, lo que da oportunidad al instituto de justificar su inacción por falta de recursos.

En ese sentido, hace un llamado al a transparentar los recursos destinados en materia migratoria y adoptar un enfoque de derechos humanos como eje transversal.