En medio de la crisis económica con la que cerraron el año al menos 10 universidades públicas estatales, la gratuidad de la educación superior, propuesta en la iniciativa de reforma educativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, agudizaría la problemática con un impacto financiero de 13 mil millones de pesos cada año, advirtió el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda.
“De eliminarse las cuotas estudiantiles, sin ninguna compensación en el presupuesto de las instituciones, se verá disminuida la prestación de servicios de apoyos a los propios estudiantes, y se agravará la problemática financiera de las universidades e instituciones de educación superior, que ya de por sí algunas tienen problemas severos", dijo Valls.
Al participar en las audiencias públicas para analizar la reforma educativa organizadas por la Cámara de Diputados, el secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, Rodrigo Guerra Botello, llamó a los diputados federales a analizar el impacto de la gratuidad y universalidad para la educación superior en la reforma, ya que actualmente las universidades privadas ahorran al gobierno 145 mil millones de pesos anuales, educando a 1 millón 600 mil estudiantes, lo que representa el 35 por ciento de toda la matrícula universitaria.
“¿Estaríamos hablando de un acceso universal sin ningún requisito o requerimiento académico para ingreso y permanencia, si se garantizará el acceso al a educación superior solo a jóvenes entre 18 y 29 años de edad -de los cuales hoy en día tenemos 8 millones que no asisten a la universidad-, o podría cualquier mexicano solicitar su ingreso a la educación universitaria pública, independientemente de su edad y escolaridad previa?", cuestionó Guerra.
Al respecto el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bórquez, puntualizó que será en las leyes secundarias donde se determinará la gradualidad sobre la gratuidad y obligatoriedad.
“Y la gratuidad y la obligatoriedad yo les diría que sí tenemos pensando lo que esto significa, por supuesto es una limitante, pero es un compromiso en el transitorio 8 se habla de gradualidad, pero precisamente porque en términos responsables lo que nos proponemos es cumplir este aspecto e irlo construyendo, pero representa efectivamente una política que no puede ser de gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado", expuso Concheiro.
Sobre la autonomía universitaria, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado garantizó que fue eliminada en la iniciativa por un "error desafortunado”, pero se respetará absolutamente.
Fuente: Excélsior
