Tras la masacre registrada en Camargo, Tamaulipas, al menos ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Nuevo León fueron notificados de la separación de su cargo, tras su probable vinculación por este caso donde fueron localizados 19 cuerpos calcinados
¿Por qué separaron a los funcionarios del INM?
La separación de los funcionarios del INM se da tras la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener la camioneta Toyota que se encontró (en diciembre de 2020), durante la identificación de personas migrantes irregulares en el municipio de Escobedo, Nuevo León, y que se relaciona en una indagatoria iniciada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de Tamaulipas, por el delito de homicidio de 19 personas, en enero de 2021.
¿Qué procedió ante el caso de la masacre en Camargo, Tamaulipas?
Además, el INM dio vista a su Órgano Interno de Control (OIC), y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para los efectos legales a los que haya lugar por lo ocurrido en Camargo, Tamaulipas.
Luego de separar a los funcionarios, el Instituto Nacional de Migración refrendó su compromiso por el cumplimiento irrestricto de la Ley de Migración y su reglamento, y su colaboración con las autoridades estatales, además de las federales, para el esclarecimiento cabal de los hechos ocurridos en el Ejido Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero pasado.
Cabe recordar, que varias autoridades han externado su preocupación sobre el caso, incluyendo el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quien afirmó que no habría impunidad y se esclarecería lo ocurrido:
“Reconozco y comparto el compromiso de la ministra y secretaria Olga Sánchez Cordero, secretaría de Gobernación, de que no habrá impunidad en este caso. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del caso giré instrucciones a mi gobierno de brindar toda la cooperación a las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado, con el fin de establecer los hechos y sancionar a los responsables.”