La Secretaría de la Función Pública resolvió sancionar con destitución e inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público a Luis Galván Arcos, funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) que en la pasada administración estuvo relacionado con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial determinó que quien estuvo a cargo de la Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas, en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos.
Con dicha conducta, la persona servidora pública que también se desempeñó en la Gerencia de Vinculación Operativa Interregional con Subsidiarias Exploración y Producción en Pemex infringió el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se encontraba vigente al momento de los hechos.
Durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados.
Esta resolución deriva de las acciones que desde inicios de la actual administración fueron informadas por la propia secretaria Sandoval Ballesteros en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su gobierno que estuvieron relacionados con el esquema conocido como “Estafa Maestra”.
Para garantizar que cada persona servidora pública tenga un patrimonio congruente con los ingresos por los encargos que ha desempeñado, y que no ha participado en decisiones de gobierno que representen un conflicto de interés, la Función Pública da seguimiento cercano a su evolución patrimonial. En los dos primeros años de esta administración se han substanciado 231 expedientes de responsabilidades vinculados con la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, de los que 90 se han concluido y se han impuesto 43 inhabilitaciones y 8 destituciones.
