La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación, para castigar de tres meses a siete años de prisión y multas desde 8 mil 688 pesos hasta 43 mil 440 pesos, a quienes tomen las casetas en las carreteras del país con fines de lucro.

El pleno de San Lázaro aprobó las modificaciones con 344 votos a favor, 85 en contra y 24 abstenciones del proyecto que fue fundamentado por el panista Víctor Manuel Pérez Díaz, durante la última sesión del periodo ordinario que fue clausurado este martes.

Esta reforma busca sancionar a quienes perjudiquen, destruyan las vías generales de comunicación, a los medios de transporte, o para aquellos que buscan obtener un lucro al interrumpir el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje.

“Se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, señala la reserva aprobada por la que se impone la sanción.

Este tema dividió al grupo parlamentario de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que la reforma criminaliza a la protesta social, parte de la formación de ambos partidos políticos.

La y los diputados de Morena y PT, Lorena Villavicencio, Rubén Cayetano García, Irán Santiago e Irma Juan Carlos y Gerardo Noroña, criticaron la reforma al afirmar que se criminaliza la protesta social por lo que emitieron su voto en contra.

Sin embargo, la bancada de Morena votó a favor de la reforma al rechazar la afirmación de sus correligionarios, y dijeron que la reforma busca que se castigue a quienes toman las casetas con fines de lucro.

La diputada por Morena, María de los Ángeles Huerta, proponente de la reserva que asignó las penas y multas, aseguró que no todos los que incurren en esas prácticas lo hacen para protestar, sino para tener un lucro económico.

El priista Jesús Sergio Alcántara Núñez, señaló que muchos de estos bloqueos no solamente son realizados por personas que tienen una justificación, “y a ellos hay que darles el derecho, pero está por encima la ley.

La diputada por Morena, María de los Ángeles Huerta, aseguró que no todos los que incurren en esas prácticas lo hacen para protestar, sino para tener un lucro económico.