“No lucramos, no mentimos”, dice Frida Guerrera en sus redes sociales, quien se describe como cronista del feminicidio desde 2016, sacando a la luz varios casos de asesinatos violentos de mujeres. Pero Verónica Villalvazo, su nombre real, construyó una carrera con el lucro, chantaje e incluso amenazas hacia las víctimas colaterales del feminicidio, según denuncian decenas de mujeres.

En 2018, conocí a Lorena Gutiérrez durante una reunión de familiares de víctimas de feminicidio. A Lorena le asesinaron a su niña de 13 años, Fátima Quintana, en el municipio de Lerma de Villada, Estado de México y la busqué para documentar el caso.

Tras la entrevista y luego de que el reportaje saliera al aire en televisión, Lorena me comentó que Frida Guerrera la amenazó por hablar con medios de comunicación que no fueran ella. La bloqueó de sus redes sociales, no sin antes advertirle que no la ayudaría más con el caso de su niña asesinada.

No es la única. Otras madres de mujeres asesinadas también aseguran haber sido intimidadas por Villalvazo, quien las chantajeó para no hablar con periodistas. Muchas de ellas declaran haber recibido insultos: Sandra Soto, Silvia Vargas, Magdalena Velarde, Lidia Florencio, Vianca Labastida, Juana Pedraza, Sandra Mercado, Abril Ortuño, Elvira Camacho, Verónica Millán, María Eugenia Herrera y Magdalena Florencio.

CAPITALIZANDO CON LAS VÍCTIMAS Y ATACANDO A PERIODISTAS

“Perras malagradecidas” es el término que Verónica utiliza para referirse a las madres que, ante la desesperación por los asesinatos de sus hijas, buscan a medios de comunicación que les ayuden a exhibir los feminicidios, según ellas mismas manifiestan.

“No imaginamos que esa ayuda es enmascarada con un objetivo perverso: contar historias y luego recibir un trato indigno y humillante”, expresan las víctimas colaterales a quienes Villalvazo buscó para contar sus historias.

Becky Ríos, sobreviviente de feminicidio, narró a Reporte Índigo que en 2016 Verónica Villalvazo publicó detalles de su caso, lo cual echó para abajo el proceso legal contra su agresor.

“Aún cuando le pedí que no lo publicara porque afectaría mi caso judicial, ella publicó muchas cosas y gracias a eso mi caso quedó impune y mi agresor en libertad”, explica.

El respeto en el uso de la información sobre las víctimas no sólo es una obligación moral periodística, sino también legal; pues se sabe que divulgar datos en torno a un delito, sin que exista una vinculación formal del presunto responsable, puede interferir con el debido proceso.

“Es lamentable que lo hagan. Por ganar la nota, por hacer prestigio o carrera ponen en riesgo el debido proceso y la protección de las víctimas. Estas cosas deberían tomarlas en cuenta los legisladores para sancionar este comportamiento”, nos dijo la doctora en Ciencias Políticas y experta en género, Teresa Incháustegui.

Becky señala que Villalvazo también ha solicitado dinero a periodistas, a cambio de permitirles entrevistar a “sus víctimas”.

“Les cobra a los medios de comunicación en nombre de las víctimas, desde 5 hasta 10 mil pesos para que ella les autorice hablar, por eso antes no les permite dar entrevistas”.

En días pasados, la periodista Alejandra Aguayo reportó que quiso contactar a Villalvazo para entrevistarla sobre un caso de feminicidio, pero lo único que recibió fueron agresiones por estar en contacto directo con la familia de la víctima:

“Con gritos, con insultos, enojadísima porque yo tenía contacto directo con la familia me dijo que no, que ella no estaba en México, y que ese reportaje no podía salir en la televisión si ella no estaba. Dijo que no me la iba a dar. O sea, sintió que nos la saltamos… lo primero que yo le dije fue, oye, aquí nadie somos protagonistas”, relata.

FRIDA SE REÚNE CON LOS AGRESORES DE LAS VÍCTIMAS

En 2019, Esperanza, cuyo nombre real permanecerá en anonimato, buscó a Villalvazo con la ilusión de que la ayudara a protegerse de su agresor, Israel “N”, quien estuvo a punto de asesinarla.

Israel “N”, actual escolta del fiscal de Valle de Bravo, Fernando Morones González, entonces se desempeñaba como comandante de la policía ministerial del Estado de México. Hasta ese momento, Esperanza no podía denunciar a su agresor porque éste la sacaba a jalones de los Ministerios Públicos.

“Yo ya me había planeado suicidar porque no me lo quitaba de encima. Vi a Frida y le pedí ayuda, al otro día ella llegó a verme con otra defensora que se llama Carmen Zamora. Me llevó a las fiscalías hasta que la fiscal Dilcya tomó mi denuncia”.

Tras la ayuda comenzó el hostigamiento; pues Villalvazo la obligaba a darle entrevistas grabadas para nutrir su sitio web y redes sociales: “hubo un día que me presionó tanto para ir a su casa e hizo un en vivo en Facebook. Cada vez que me veía quería grabarme, hacer en vivos, yo siempre le supliqué que no lo sacara porque tenía miedo y aún así lo hizo”

Incluso, publicó el testimonio de Esperanza en su libro “Ni una más: el feminicidio en México: tema urgente”, aún cuando ella le pidió que no lo hiciera porque temía que su proceso judicial se viniera abajo.

Lo peor vino después, cuando en septiembre de 2019 Frida Guerrera llamó a Esperanza para encontrarse con ella en un restaurante en Nezahualcóyotl. Cuando la víctima llegó, Villalvazo compartía la mesa con su agresor y otros integrantes de la Fiscalía del Edomex.

“Estaba sentada con mi agresor Israel “N”, Ricardo Islas y un comandante que le dicen El Ronco. El comandante me dijo que lo dejara ver a las niñas o me iban a demandar; y que le quitara la demanda que tenía contra él”.

Durante esa charla, Villalvazo reveló al agresor detalles del proceso penal que Esperanza había interpuesto en su contra. Días después, la víctima acudió a la Fiscalía a ampliar su declaración con detalles del encuentro; denunciando que Frida Guerrera había negociado su caso con el agresor que, a la fecha, continúa libre.

INMUJERES LE QUITA RECONOCIMIENTO POR LUCRAR CON LOS FEMINICIDIOS

En octubre de 2018, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), encabezado entonces por Teresa Incháustegui, le negó la medalla Omecíhuatl a Verónica Villalvazo, reconocimiento que le iban a entregar por su trabajo en defensa de las mujeres.

El jurado dictaminador canceló la entrega, luego de que un grupo de madres de víctimas solicitara al Inmujeres no otorgarle el premio debido al “intenso acoso que la activista ejerce en los familiares de las víctimas para obtener la primicia de nuestros casos con el único fin de apoderarse de la información sensible en las primeras horas del suceso para su lucimiento personal”.

Según una misiva firmada por 13 familiares, Villalvazo les impone “requisitos” para poder pertenecer a “su grupo” de protegidos; entre ellos, asistir obligatoriamente a marchas y no hablar con ningún medio de comunicación, “so pena de ser expulsados por los grupos que ella controla”.

El Inmujeres manifestó entonces que revisaría la situación y entregaría la presea en caso de no acreditar las pruebas contra Villalvazo, pero eso no ocurrió.

Fuente: Reporte Indigo