La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprueba los hechos sucedidos la noche de ayer, 9 de noviembre, en las inmediaciones del Palacio Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, en los que presuntamente elementos policiales repelieron mediante detonaciones de posibles armas de fuego a manifestantes que se pronunciaban en contra de los feminicidios y violencia de género en dicha alcaldía, teniendo como resultado dos personas heridas por bala, los periodistas Reyna Cecilia Solís y Roberto Becerril, colaboradores de los medios locales Radio Turquesa y La Verdad, respectivamente.

Al respecto, este Organismo Autónomo, atenderá el caso ante la demanda de quejosos. Asimismo, en concordancia con el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, reitera que, en casos de manifestaciones o protestas sociales, los agentes estatales sólo pueden hacer uso de la fuerza estrictamente necesaria y con la finalidad de proteger a las personas presentes en la manifestación.

Asimismo, se ha señalado que para garantizar que se cumpla con dichos estándares los estados deben asegurar las medidas administrativas necesarias de control en manifestaciones públicas; circunstancia que, de no concretarse, incidiría negativamente y de manera grave en un pleno ejercicio al derecho a la libertad de expresión y manifestación, derechos indispensables en toda sociedad que se juzgue democrática.

En ese sentido, la Comisión Nacional urge al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de la utilización de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas; advirtiendo que su utilización, de conformidad con los estándares supranacionales en la materia, únicamente podrá exceptuarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas, privilegiando la transparencia.

Lo anterior, preocupa sensiblemente a este Organismo Nacional ya que, sucesos como el descrito y dentro de un contexto nacional de crecientes y alarmantes agresiones y riesgos que enfrentan las personas comunicadoras, impactan severamente y de manera negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de ellas y ellos, de cara a las múltiples y plurales manifestaciones que acompañan y documentan.

La CNDH recuerda que el derecho a la libertad de expresión y de manifestación constituyen los pilares fundamentales para el fortalecimiento de las sociedades democráticas, pues sólo una sociedad bien informada, participativa y observadora del desenvolvimiento de la “cosa pública” podrá participar activamente en la toma de decisiones y en los procesos de transparencia del ejercicio de la función estatal.

La obstaculización o limitación a cualquiera de tales derechos no solamente afecta de manera individual al periodista o comunicador al inhibir el ejercicio de su labor, sino también afecta a la sociedad, afectando la percepción de la seguridad colectiva y ocasionando a su vez un daño al tejido social.

Por ello, la Comisión nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo una investigación objetiva, sin dilación, independiente, y seria, que evite la impunidad en el presente caso, analizando ampliamente el ejercicio de la fuerza pública por los elementos estatales responsables, así como en irrestricto apego a las líneas de indagación vinculada con la labor periodística de las presuntas víctimas del evento.

En tal sentido, este Organismo Nacional estará pendiente de la evolución de los acontecimientos, así como de las intervenciones de las instancias públicas en la atención del presente asunto.