La industria de la chatarra, actualmente cuestionada por la Secretaría de Salud por agravar la COVID-19, usó la estructura de poder del Gobierno federal de Enrique Peña Nieto para espiar a los activistas que impulsaron el aumento al impuesto a bebidas azucaradas y el etiquetado claro sobre el nivel de azúcar, sodio y grasas de los productos ultraprocesados, medida que entrará en vigor en octubre y podría evitar 1.3 millones de casos de obesidad y ahorrar 1.8 mil millones de dólares en costos de atención médica durante cinco años, estima un reciente estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
En el 67 por ciento de las casi 50 mil muertes por coronavirus en México la persona contagiada también tenía diabetes, hipertensión, obesidad o alguna enfermedad cardiovascular, comorbilidades relacionadas con una mala alimentación y falta de ejercicio, informó la Secretaría de Salud en una de las conferencias vespertinas donde el vocero de la pandemia Hugo López-Gatell ha cuestionado la corresponsabilidad de la industria chatarra en la lucha contra la pandemia en un país líder en consumo de refrescos.
En julio de 2016, el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, el entonces coordinador de ContraPESO, Luis Encarnación, y el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, recibieron mensajes de texto a sus celulares para ser espiados con el malware “Pegasus” comercializado por la empresa israelí NSO Group a gobiernos del mundo incluyendo el mexicano, documentó Citizen Lab, de la Universidad de Toronto a petición de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC. R3D dijo que la Fiscalía no les ha notificado algún avance en la investigación.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) notificó al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) la existencia del contrato en 2014 para la adquisición del malware; sin embargo, en febrero del año pasado la Fiscalía informó que existían otros dos contratos celebrados en 2016 y 2017 para actualizar la licencia de uso del sistema.
Calvillo, quien lleva años señalando los daños a la salud generados por la chatarra, recibió el 8 de julio de 2016 un SMS notificándole que el padre de un amigo acababa de fallecer. Adjunto a las palabras, se encontraba un enlace. Dos días después recibió otro; esta vez, el mensaje le alertaba sobre una supuesta aparición suya en la revista Proceso que se estaba viralizando.
“No nos quedaba duda de que un grupo dentro del Gobierno mexicano estaba actuando a favor de las empresas”, evocó el director de El Poder del Consumidor en entrevista para este texto.
Pero desde abril de 2016 el activista ya sabía que podía ser objeto de espionaje por parte del gobierno mexicano y de las grandes corporaciones de alimentos. Además de contar con asesoría de SocialTIC sobre ciberseguridad, le informaron que en una reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que se encontraban funcionarios de otras dependencias y de una agencia de relaciones públicas, se habló de la intención de introducir a la oficina de El Poder del Consumidor a estudiantes del Colegio de México para obtener información interna. Los intentos de los universitarios para infiltrarse se documentaron a través de correos electrónicos enviados a la organización civil. Una de las personas presentes en esa reunión confirmó a SinEmbargo que ocurrió para esos fines.
Para el director de El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, era evidente que en la Segob había funcionarios al servicio de las empresas de bebidas y alimentos, lo cual podría explicar que tiempo después, a inicios de 2019, Roberto Campa Cifrián, quien se había desempeñado como subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, sustituyera a Genaro Borrego Estrada como Director de Asuntos Corporativos de FEMSA, la embotelladora de productos Coca-Cola, “veneno embotellado”, en palabras de López-Gatell. La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) rechazó que se pretenda construir un culpable único de la obesidad “con interpretación sesgada”. Borrego ahora es vicepresidente de FunSalud, una fundación relacionada con Nestlé.
“A nosotros nos llegó el pitazo de que querían entrar a nuestras oficinas ofreciendo servicio social. Detrás del espionaje había una liga entre grupos del gobierno de la Segob y la industria”, dijo Calvillo.
Comunicación Corporativa de FEMSA negó a este diario “tajantemente la participación de la empresa en los hechos aludidos. Cualquier dicho en ese sentido se trataría de una aseveración sin fundamento”.
Fuente: Sinembargo
