Dos relatoras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron el 6 de noviembre de 2019 una carta al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde expusieron de manera “urgente” una relación de presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos de Cuba que participan en misiones internacionales, como las contratadas entre abril y mayo en México por los gobiernos estatales de Veracruz y CDMX para atender la pandemia de COVID-19.
En su carta de noviembre, las relatoras se mostraron preocupadas por las “condiciones de trabajo y de vida que estarían afectando a los médicos cubanos” enviados a esas misiones, al presumir que “muchos” de ellos “estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras, (y) pagos salariales inadecuados. Además, muchos de estos profesionales estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno de su Excelencia”.
De acuerdo con Diario de Cuba, el reclamo de las relatoras vino después de que en mayo de 2019 la organización Cuban Prisoners Defenders presentara ante la ONU diferentes pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos que han desertado de dichas misiones y que han narrado los supuestos abusos a los que fueron sometidos por las autoridades cubanas.
En suma, las relatoras Urmila Bhoola (Esclavitud) y Maria Grazia Giammarinaro (Trata de Personas) cuestionaron al gobierno de Díaz-Canel sobre al menos nueve supuestas malas prácticas en estas misiones que encendieron sus alertas y que las llevaron a solicitar una explicación a las autoridades cubanas, aunque también reconocieron que la participación de estos médicos “en las misiones de internacionalización es oficialmente voluntaria”.
En síntesis señalaron:
Hay médicos que se sienten presionados para acogerse a dichas misiones y temen represalias por parte de Gobierno de Cuba si no participan.
Los médicos no reciben una copia de su contrato de trabajo.
En los países donde el gobierno anfitrión paga directamente al trabajador cubano, éste debe devolver al Gobierno de Cuba un porcentaje de su salario que aumentaría al 75% o hasta el 90% de su salario mensual. En muchos casos, el salario entregado a los trabajadores médicos no permitiría vivir dignamente; además, el Gobierno de Cuba estaría “congelando” una parte del salario que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país pero, según información recibida, muchas veces no reciben de la totalidad del monto que les corresponde.
Los médicos trabajan 48 horas por semana más 16 adicionales de guardia, lo cual aumenta a un total de 64 horas semanales, muchas veces incluyendo sábados y domingos. El exceso de horas trabajadas ilustra la explotación laboral a la cual estarían sometidos los médicos cubanos en el exterior.
La libertad de movimiento en el país de destino estaría restringido y bajo vigilancia por funcionarios del Gobierno.
El derecho a la privacidad estaría limitado por el control y seguimiento efectuado a los médicos, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras durante las misiones de internacionalización.
En principio, los profesionales podrían regresar a Cuba de vacaciones una vez por año pero que dicho viaje sería muchas veces considerado como premio o según las circunstancias, podría ser negado como una forma de castigo.
Los médicos considerados desertores no están autorizados de regresar a Cuba durante ocho años y los familiares que permanecen en Cuba estarían sujetos a señalamientos y repercusiones por parte de entidades gubernamentales.
Muchos profesionales reportaron recibir amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino y mujeres médicas han sufrido acoso sexual mientras se encontraban participando en misiones.
Fuente: Animal Político