El escándalo de la compra de inmuebles de lujo con el dinero de los pobres (se habla de más de 200 millones de euros) en Londres es sólo la punta del iceberg de las luchas de poder intestinas en el Vaticano, que salpica a cardenales, monseñores de la Curia e incluso a políticos como el actual Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte.
Algunos ya lo llaman el “Vatileaks III”. Lo cierto es que la investigación sobre la compra fraudulenta del palacio de Sloane Square por parte de un fondo de inversiones perteneciente a la Secretaría de Estado sólo ha comenzado a levantar las alfombras. Los documentos incautados durante el registro de las oficinas del Vaticano y la Autoridad Internacional Financiera (Aif), muestran cómo, durante años, Roma invirtió parte del dinero del llamado “Óbolo de San Pedro” (las limosnas que llegan a la Curia para las obras de caridad del Papa) en negocios de dudosa legalidad y muy cuestionable moralidad.
El propio Secretario de Estado, Pietro Parolin, reconocía esta semana que la gestión de los fondos de los pobres había sido “opaca”, y que la investigación llegaría hasta el final. Una investigación que, según algunas fuentes, habría iniciado el “sustituto” de la Secretaría de Estado (una especie de “número tres” del Vaticano), el venezolano Edgar Peña Parra, y que tendría como principal encausado a su antecesor, y actual prefecto de las Causas de los Santos, Angelo Becciu.
Así, el cardenal Parolin admitió que se habrían gastado unos 200 millones de dólares, en 2014, en una participación minoritaria para comprar un edificio en el distrito londinense de Chelsea, que acabó convirtiéndose en apartamentos de lujo. En 2018 Roma se hizo con el total de la propiedad del inmueble (algunas fuentes hablan de 600 millones de dólares), asumiendo parte de la deuda para refinanciar las obras.
“La compra del edificio fue un episodio único”, señaló el Secretario de Estado, quien insistió en que, en todo momento, él pensó que “el fondo estaba bien administrado”. ¿Y quién administraba ese fondo? El cardenal Becciu, cuyo secretario es uno de los cinco empleados vaticanos suspendidos tras el registro de la Gendarmería, y quien gestionaba todo lo relativo a las compras y ventas de los edificios vaticanos en el extranjero. De hecho, la operación de Londres habría sido realizada a través del fondo luxemburgués Athena Capital Global Opportunities, administrado por Raffaele Mincione, el secretario de Becciu.
“Me pintan como alguien que jugó y manipuló el dinero de los pobres”, se defendió el cardenal italiano en una conversación con ANSA. El que fuera ‘número tres’ del Vaticano – y que aún vive en los apartamentos en la Curia que debían ser para su sucesor–, quiso explicar el funcionamiento de los fondos invertidos irregularmente, con el argumento de que el dinero del Óbolo es para los pobres… pero no tanto.
“En la Secretaría de Estado teníamos un fondo titulado ‘Dinero para los pobres’, y estaba destinado a los pobres”, adujo. Pero ha reconocido que en realidad había dos cuentas. Una, destinada a las obras de caridad del Papa, y la otra, “para el sustento de su ministerio pastoral”, sin una finalidad clara. O muy clara: la compra y gestión de inmuebles de lujo.
“En cualquier caso –agregó– las acusaciones contra mí son confusas, y las rechazo con firmeza y desprecio. Tengo la conciencia tranquila y sé que siempre he actuado en interés de la Santa Sede y nunca de la mía. Cualquiera que me conozca de cerca puede dar fe de ello”, ha asegurado.
Fuente: Sinembargo
