El gobierno mexicano rechazó que la nueva medida “unilateral” que anunció este lunes la administración de Donald Trump contra los solicitantes de asilo centroamericanos convierta a México en un Tercer País Seguro para Estados Unidos.
Dicha medida, elaborada por el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y el de Justicia (DOJ), entrará en vigor este martes; con ella, las personas no mexicanas que entren a Estados Unidos por la frontera sur sin haber pedido refugio al menos en México no podrán presentar una solicitud de asilo.
En otras palabras: el gobierno de Estados Unidos obligaría a decenas de miles de personas centroamericanas a pedir asilo en México en lugar de Estados Unidos; y recibiría su solicitud –sin la menor garantía de otorgarles el estatus– sólo en el caso de que México les haya negado la protección internacional.
Tras afirmar que México “no coincide” con la medida, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció que se mantendrá “atento a las implicaciones que esta decisión podría conllevar para los solicitantes de asilo de otros países que ingresen a ese país por su frontera (con México)”.
“Es una norma violatoria al principio de asilo con la que no estamos de acuerdo”, refrendó hoy el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, al reconocer que “nosotros no podemos tomar ninguna medida porque es una medida del ámbito de la jurisdicción de Estados Unidos”.
Tras recordar que “no se trata de un tema bilateral”, sino una política interna de Estados Unidos, reconoció que pronto entablará un diálogo con Washington para discutir sobre este asunto.
En los efectos, dicha medida equivale a imponer a México un estatus de Tercer País Seguro (TPS), porque obligará los centroamericanos a pedir refugio primero en México; sin embargo, Ebrard rechazó en varias ocasiones que México esté en una posición de TPS, dado que no hubo acuerdo bilateral.
“Un TPS, he hablado hasta el cansancio de ello, es que hagan en México el trámite para que pidan asilo en EU”, insistió el canciller, al añadir que el gobierno mexicano “ha dejado muy claro que nuestro país no entraría a una negociación de TPS sin el acuerdo del Congreso de la Unión”. Abundó que se reunirá mañana con diputados y senadores para discutir sobre ese tema.
Ebrard aseveró que las autoridades estadunidenses llevarán a cabo la deportación de las personas que sufrirán la nueva medida y no las devolverán a México, como en el caso del programa “Quédate en México” –una versión aligerada de un TPS, con la que las autoridades de Estados Unidos devuelven a México a solicitantes de asilo extranjeros para que aguarden aquí el tiempo que dure su trámite–.
El gobierno estadunidense planteó en el documento explicativo que dicha medida ayudará Estados Unidos a tener una “mejor posición” y en “facilitar” las negociaciones diplomáticas que está llevando a cabo con los gobiernos de México y de Centroamérica con el objetivo de impedir la llegada de decenas de miles de personas a Estados Unidos.
Entre líneas, el documento se refiere a las negociaciones que emprendió Washington desde principios de junio, para que los gobiernos de México y de Guatemala se conviertan en TPS.
Fuente: Apro
