En buena parte del continente americano, los feminicidios y otras formas de violencia de género siguen cometiéndose en una impunidad casi total, por lo que las mujeres han tenido que alzar la voz y apropiarse de las calles, pese a la respuesta agresiva y desproporcionada de las autoridades de la región, señalaron las participantes en un foro virtual sobre el tema.

Durante el conversatorio titulado “Por qué protestamos las mujeres”, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), señaló que durante las movilizaciones realizadas este 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, en países como México, Chile, Colombia y Venezuela, entre otros, hubo una respuesta institucional “muchas veces violenta y represiva”.

El hostigamiento y el uso excesivo e innecesario de la fuerza, recalcó la especialista, siguen siendo la norma por parte de muchos gobiernos frente a las manifestaciones multitudinarias de mujeres, en un contexto de respuestas institucionales “insuficientes” para atender la deuda histórica que se tiene en materia de violencia de género.

Un ejemplo de ello, señaló, es el caso de la joven hondureña Keyla Martínez, una estudiante de enfermería que murió bajo custodia policial el mes pasado, luego de que fuera detenida junto con un médico supuestamente por violar el toque de queda en el país centroamericano. Aunque inicialmente las autoridades afirmaron que se trató de un suicidio, más tarde admitieron que había sido un asesinato.

Norma Rodríguez, madre de la víctima, subrayó durante el foro que su hija no tenía ninguna razón para quitarse la vida, por lo que exigió que las autoridades de Honduras investiguen el caso de su hija a profundidad y castiguen a los policías responsables de este delito.

“No descansaré hasta que estos asesinos paguen por su crimen. Hemos sido objeto de amenazas por policías que están enfrente de mi negocio, amedrentándonos para querernos callar, pero no tenemos miedo porque no podemos dejar el caso de mi hija así. Vamos a seguir luchando hasta que los responsables paguen”, recalcó.

Por su parte, la defensora de derechos humanos y feminista salvadoreña Morena Herrera recordó el caso de “Manuela”, una mujer que en 2008 fue condenada a 30 años de cárcel en aquel país centroamericano por un aborto involuntario, y que murió dentro de prisión por un cáncer linfático no tratado.

El tema, recordó la activista, ya fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo al cual diversas organizaciones civiles le pedirán que le ordene al Estado salvadoreño el reconocimiento público de su error al condenar a “Manuela”, para dignificar su imagen y que se revisen casos similares de mujeres privadas de la libertad.

Pese a su gravedad, subrayó Herrera, el caso ha significado un punto de referencia para luchar por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en El Salvador –país donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia—y contra la criminalización de diversos sectores vulnerables.

Catalina Martínez Corral directora regional para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, destacó que en la región las mujeres siguen enfrentando obstáculos para decidir sobre su propio cuerpo, y para acceder al derecho al aborto en particular, lo cual genera un fenómeno de criminalización de las mujeres pobres, sobre todo.

Tania Reneaum, directora de AI México, recordó que en días pasados la organización presentó un informe en el cual se documenta cómo las autoridades del país suelen reaccionar con violencia y uso excesivo de la fuerza en contra de las manifestaciones de mujeres y grupos feministas.

Luego de mencionar ejemplos graves de represión ocurridos el año pasado en cinco entidades federativas, la activista llamó a hacer un análisis “contextual y profundo” del tema de la violencia de género y señaló que no basta con capacitar servidores públicos y diseñar protocolos de actuación para erradicar este fenómeno, sino que hay que romper el “pacto de impunidad” que protege a los autores de estos abusos.

En ese contexto, llamó a las autoridades mexicanas a “dialogar con el enojo (de las mujeres), no demonizarlo ni verlo mal”, porque el movimiento feminista es un motor de cambios fundamentales.