La reciente aprobación de la nueva Ley de Educación de Puebla ha generado un intenso debate sobre su contenido. Hay voces, como la del Consorcio Universitario, que han señalado diversos artículos que generan incertidumbre sobre aspectos fundamentales como la propiedad de bienes muebles e inmuebles de instituciones educativas privadas, la autonomía para fijar contenidos educativos o para determinar cuotas. A nivel nacional, han existido pronunciamientos de legisladores federales, que cuestionan la constitucionalidad de la nueva Ley, así como de analistas y medios de comunicación.

En este contexto, Marcelo García Almaguer, diputado sin partido del Congreso del estado de Puebla, presentó una iniciativa de reforma el pasado viernes 29 de mayo de 2020. El objetivo es corregir los errores de redacción, que pudieran tener algún impacto en los derechos humanos a la legalidad o a la propiedad, así como reconocer la importancia de la educación pública y privada para la entidad. 

En específico, propone reformar los artículos 105, 117, 143, 145 y 146 para asegurar el respeto absoluto a la propiedad privada, para limitar los alcances de las autoridades educativas respecto a la formulación de planes de estudio, para detallar las modalidades de transparencia educativa, así como para reconocer el derecho de audiencia de los planteles privados frente a cualquier procedimiento.