Existe similitud y armonización entre lo indicado por la Ley General de Educación y la Ley estatal, no obstante es necesario que en los procesos legislativos y de gobierno incluyan a la ciudadanía para aclarar las dudas y se retroalimenten los procesos y las propuestas que se han limitado en otras administraciones.

Lo anterior lo dio a conocer el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), quien elaboró un informe en donde explicó que antes de aprobarse era necesario aclarar dudas de la ciudadanía, esto para evitar la inconformidad y malas interpretaciones manifestadas en días previos por los sectores interesados.

“La inclusión ciudadana en los procesos legislativos y en las decisiones de mayor relevancia estipuladas por el gobierno debe ser prioridad para mantener la sana convivencia” resaltó el documento.

Después de un comparativo entre la ley general y la ley estatal, el Igavim aseguró que existe similitud y armonización en todas las disposiciones, incluidas las de vigilancia a la educación impartida por particulares, así como en regulación y seguimiento a los cobros y contraprestaciones realizadas por estos.

El Igavim explicó que la ley local se ajusta en materia de prohibición que se impuso a los planteles privados de condicionar la entrega de documentación por motivos de cobros y adquisición de uniformes será preferente del padre de familia.

Mientras que sobre la incorporación de sus bienes muebles e inmuebles al sistema educativo del estado, el Igavim aclaró que ésta determinación también se encuentra contemplada en la ley general sin fines de expropiación.

Sobre la identificación de aumento de costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, se darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar, este párrafo está íntegramente contemplado en la Ley General en su artículo 151.

El Congreso local aprobó la nueva Ley de Educación el 15 de mayo pasado, que se publicó en el Periódico Oficial del Estado tres días después, para armonizar el marco normativo del estado a la reforma educativa federal de 2019.