Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de Movilidad y Transporte de Puebla, informó que impondrán una pena de hasta 6 años de prisión a quien posea o maneje una unidad pirata de transporte público.

Detalló que la reforma presentada por el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, al artículo 190 BIS del Código Penal del Estado, busca penalizar a aquellos que no cuenten con la concesión o permiso correspondiente y presten el servicio de transporte público o mercantil.

La sanción es de ocho meses a seis años de prisión, y una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), misma que también se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios. Además, se realizará la cancelación de la licencia de manejo hasta por cinco años, así como el decomiso del vehículo utilizado.

Por lo anterior, si la falta es cometida o interviene en esta de cualquier forma el representante, socio o líder de una persona jurídica colectiva concesionaria o permisionaria del servicio de transporte público, las penas se aumentarán de una a dos terceras partes. Asimismo, se impondrá la revocación o cancelación de las concesiones, permisos y autorizaciones para prestar dicho servicio que hayan sido otorgadas por la autoridad estatal.